La Junta Electoral estudiará el lunes la negativa de Torra a retirar los lazos

Torra, minutos antes de que expirara este jueves el plazo de 48 horas que le dio la Junta Electoral, presentó un recurso al órgano que arbitra los procesos electorales para que reconsiderara su orden. La Generalitat argumentó, además, que existen «dificultades legales» para cumplir la orden, que no especificó, y acusó a la Junta Electoral de «intento de censura de la libertad de expresión». Torra se reafirmó hoy en los argumentos y reiteró su intención de no descolgar ni un solo símbolo de los cientos que lucen en las fachadas de las decenas de sedes gubernamentales por toda Cataluña.

«No renunciaremos nunca al derecho a la libertad de expresión y mantener las esteladas es libertad de expresión», dijo desde Tarragona. «No queremos vivir con miedo», remató.

Tras el incumplimiento de la orden, el órgano arbitral podría iniciar un expediente contra el presidente de la Generalitat o derivar el caso a la Fiscalía por presunta desobediencia. Es lo que le ocurrió a la alcaldesa de Berga (CUP), que se negó a descolgar una 'estelada' de la fachada de su consistorio y fue condenada a seis meses de inhabilitación.

Ciudadanos, ante la resistencia de Torra, pidió a la Junta Electoral que inste a los Mossos d'Esquadra de manera inmediata a que retiren los lazos. Esta es la medida que adoptó días antes de las elecciones catalanas de diciembre de 2017 en algunas de las consejerías que lucían lazos amarillos y pancartas colocados por sus funcionarios.

La formación liberal está a la espera de cómo se resuelve este escrito presentado ante la Junta Electoral y no ha definido los siguientes pasos si su reclamación cae en saco roto. No ha decidido aún si acudirá a la Fiscalía, al juzgado de guardia o si presentará una querella contra el presidente de la Generalitat. Pero «se reserva su derecho» a ejercitar acciones penales.

De entrada, pide a la Junta Electoral que traslade a la Fiscalía la posible responsabilidad penal de Torra. Además, hoy tiene previsto presentar una denuncia similar ante las juntas electorales provinciales para que la orden transmitida al presidente de la generalitat se haga extensible a los ayuntamientos.

También al de Barcelona, que en la madrugada del miércoles al jueves registró incidentes provocados por un grupo de encapuchados que se tomaron la justicia por su mano. Cinco miembros de una organización españolista llamada 'Los de Artós' descolgaron el lazo de la fachada con una pértiga. Intentaron hacer lo propio con la pancarta que hay enfrente en el Palau de la Generalitat (están en la misma plaza de Sant Jaume) pero en este caso no se salieron con la suya por la intervención policial.

Los encapuchados trataron de llevarse la pancarta con el lazo amarillo, pero la Guardia Urbana, con la que protagonizaron un forcejeo, impidió que se lo llevaran. 'Los de Artós' reivindicaron el incidente con el argumento de que «ni Torra ni la Generalitat cumplen el requerimiento de la Junta Electoral Central, pero la resistencia sí». Los Mossos y la Guardia Urbana identificaron a cinco de ellos.

A pesar de ganar tiempo, el cerco se estrecha sobre Torra. El Gobierno de Pedro Sánchez volvió ayer a recordarle las consecuencias penales que se pueden derivar de su decisión de no acatar la orden de la Junta Electoral Central.

El lunes fue el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, quien avisó de que el Estado tiene instrumentos para que se cumpla la ley. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, dijo el miércoles que los lazos «se quitarán y desaparecerán, iniciándose un proceso sancionador» contra el presidente de la Generalitat y ayer la ministra de Hacienda, advirtió al presidente catalán de que si no retira los lazos «caerá todo el peso de la ley» sobre él. «Es impensable que si la Junta Electoral dice que se retiren los lazos amarillos, no se haga», afirmó María Jesús Montero.