Colau vuelve a retirar el lazo amarillo en el Ayuntamiento de Barcelona

Un grupo de encapuchados, del colectivo españolista Artos, había protagonizado la noche anterior incidentes en el consistorio barcelonés. Cinco de ellos habían acudido con un palo largo para descolgar el lazo. Intentaron hacer lo propio con la pancarta a favor de los presos que hay en el Palau de la Generalitat pero en este caso no se salieron con la suya.

El grupo españolista colgó en Twitter su acción de protesta. Trataron de llevarse la pancarta con el lazo amarillo pero la Guardia Urbana, con la que protagonizaron un forcejeo, impidió que se lo llevaran. 'Los de Artos', así se autodenomina el grupo, reivindicaron el incidente desde el argumento de que «ni Torra ni la Generalitat cumplen el requerimiento de la Junta Electoral Central, pero la resistencia sí». Cuando los policías municipales les interpelaron, tras descolgar el cartel, su respuesta fue que el lazo no podía estar ahí porque lo ha ordenado un juez (en realidad, la orden era de la Junta Electoral). Los Mossos y la Guardia Urbana identificaron a cinco de ellos. Los policías les señaló que no podían llevarse la pancarta con el lazo amarillo porque pertenecía al Ayuntamiento. Todo ocurrió sobre la una y media de la madrugada del miércoles al jueves. Apenas había gente en la plaza Sant Jaume.

El lazo amarillo de la fachada del ayuntamiento del que es alcaldesa Ada Colau se recolocó hacia las 8 de la mañana del jueves. El equipo de gobierno consistorial, de hecho, no había recibido ningún requerimiento como el que la junta electoral hizo llegar a Quim Torra.

Fuentes municipales explicaron a Europa Press que finalmente habían retirado el lazo porque el Ayuntamiento «quiere contribuir a generar un clima de debate electoral sereno y constructivo que se dé en el terreno de la política y no en el ámbito judicial».

El presidente de la Generalitat desoyó este jueves la orden que le obliga a retirar los lazos amarillos. La Generalitat de Cataluña decidió mantener los lazos y las pancartas pidiendo la libertad de los presos en las fachadas de sus sedes administrativas y abrió un nuevo frente de conflicto con una institución del Estado, que podría acabar en inhabilitación por desobediencia del presidente de la Generalitat.

Torra se dirigió por carta a la junta electoral para hacerle llegar una serie de alegaciones y pedirle que «reconsidere» la orden de retirada de los símbolos soberanistas emitida el lunes pasado. El dirigente nacionalista esgrimió la «dificultad legal» que a su juicio supone cumplir con el requerimiento, dada la «multitud de edificios públicos» que hay en todo el territorio de Cataluña, «muchos de los cuales no son gestionados directamente por la Generalitat». Además, aseguró que entre sus «funciones» como presidente de la Generalitat está «respetar el derecho fundamental a la libertad de expresión reconocida a los empleados públicos».