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En la resaca de la primera noche de disturbios en Cataluña, Pedro Sánchez buscó granjearse el respaldo de PP, Ciudadanos y Unidas Podemos con tres encuentros en la Moncloa que acabaron poniendo de manifiesto la distancia que separa a los partidos en esta precampaña electoral. ... No hubo escenificación de un solo bloque. El presidente del Gobierno concluyó la jornada con una comparecencia pasadas las nueve de la noche en la que reclamó «unidad» a la oposición e insistió en la «moderación» como respuesta al desafío secesionista. Horas antes, Pablo Casado le había reclamado iniciar los trámites del artículo 155 de la Constitución.
El jefe del Ejecutivo enfrió, al menos por ahora, la posibilidad de una intervención de Cataluña e incluso de la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional que exigen los conservadores para controlar las órdenes a los Mossos d'Esquadra. Recordó que hay jurisprudencia sobre el contexto que debe darse para proceder y se comprometió a «modular» la reacción del Estado en función de cómo evolucione «la actitud» y qué decisiones adopte la Generalitat. «La única esperanza de los grupos violentos es que cometamos errores, es vernos exaltados y divididos (…), y nos deben encontrar como exige la gravedad del momento: firmes, serenos y unidos», instó al resto de partidos.
Mientras tanto exigió a Quim Torra y los miembros de su Gobierno que se desmarquen de los disturbios, no gobernar para el radicalismo ni «ocultar su fracaso tras cortinas de humo y de fuego». «Tienen el deber político y moral de condenar sin excusas y sin paliativos, con máxima claridad y determinación, el uso de la violencia en Cataluña», advirtió.
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El PP, sin embargo, que en las últimas semanas había orillado el 155, sostuvo que ahora sí se dan las circunstancias para, al menos, enviar a Torra un requerimiento y pedirle que cumpla «sus obligaciones constitucionales y legales» y ponga fin a «sus actuaciones gravemente contrarias al interés general de España». Este es el paso previo a la intervención de una autonomía que la Carta Magna contempla para aquellos casos en los que la solicitud del Ejecutivo central no sea atendida.
Fuentes de la dirección del PP defendieron que Torra ha alentado la desobediencia y vieron motivos sobrados para reclamar su vuelta a la legalidad. El líder de los conservadores habló este miércoles incluso de una Generalitat que «parece» haberse «declarado en rebeldía», apuntó que el 'procés' «siempre ha avanzado dando pasos violentos» y defendió también que la Fiscalía actúe contra el presidente catalán, el del Parlamento autonómico, Roger Torrent, y otros cargos públicos «por incitar al desorden» y estar «participando de los sabotajes a las infraestructuras del Estado».
Pero no sólo Sánchez, la vicepresidenta, Carmen Calvo, y varios ministros trataron de contener la urgencia, al menos en lo que compete a la política, y llamaron a la templanza. A día de hoy, precisaron, no hay reproche posible a la colaboración con los Mossos d'Esquadra. «Gran colaboración», subrayó el jefe del Ejecutivo. Y, por lo tanto, argumentaron que, más allá de las declaraciones o los mensajes en las redes sociales, el presidente de la Generalitat «está respondiendo» con el trabajo de los agentes autonómicos y la cooperación con la Policía Nacional para hacer frente a los disturbios.
Apenas hubo encuentro con la oposición. El Gobierno trató de trasladar la imagen de que todo «está previsto», que no se descarta «ningún escenario» y que el Ejecutivo «actuará, si es preciso, desde la firmeza, la proporcionalidad y la unidad». Sánchez aseguró contar incluso con un comité de asesoramiento y coordinación interministerial, activo desde el pasado jueves y en «alerta permanente» ante la inminencia de la sentencia que, finalmente, dio a conocer el Tribunal Supremo este lunes. «Hay planificación y acción», defendió el presidente.
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En el PP, sin embargo, confesaron que su preocupación es ahora mayor que antes del encuentro con Sánchez y trasladaron su decepción después de que el Gobierno no les concretara ninguna medida. Casado llegó a revelar su sensación de que la «imprevisión» ha «sobrepasado» al presidente y recordó los incidentes del martes por la noche: «Los catalanes estaban con miedo en sus casas». Coincidió en este extremo Albert Rivera, que tras su reunión en la Moncloa, volvió a la necesidad del 155. La Ley de Seguridad Nacional, tal y como lo ve el líder de Ciudadanos, es ya «insuficiente». En el Ejecutivo lamentaron la «sobreactuación» y pidieron «lealtad».
Sólo Pablo Iglesias dio una tregua a Sánchez, aunque condicionó su apoyo a que las medidas que se emprendan vayan en el camino de la «desinflamación» y el «diálogo» en Cataluña. El secretario general de Podemos se reafirmó en que el 155 no sirvió en 2017 para resolver el conflicto. «Al PSOE –concluyó– le corresponde aclarar si está con Casado y Rivera o en otro camino»
M . E. ALONSO | Madrid
La violencia de los grupos independentistas radicales en Cataluña ha llevado a la oposición a proponer al Gobierno de Pedro Sánchez la aplicación de medidas excepcionales, como ocurrió en 2017 tras la declaración unilateral de independencia. Mientras el PP aboga por utilizar la Ley de Seguridad Nacional y abre la puerta al 155, que Ciudadanos reclama activar ya, Vox apuesta por declarar el estado de excepción. Tres fórmulas que difieren tanto en su alcance como en su tramitación.
La propuesta inicial de los populares era una de las que barajó el Gobierno en las semanas previas a que el Tribunal Supremo diese a conocer la sentencia del 'procés' para hacer frente a una eventual crisis de orden público. La Ley de Seguridad Nacional no implica la intervención de la autonomía ni de ninguna competencia concreta. Se trata de una iniciativa poco invasiva y rápida -para ponerla en marcha solo sería necesario un real decreto-, que permitiría al Ministerio del Interior asumir la coordinación de los Mossos. Pero el Ejecutivo socialista descarta, de momento, la propuesta del PP porque no cree que se dan las condiciones para tomar esta decisión cuando «hay una coordinación manifiesta» con la Policía autonómica.
A diferencia de esta ley, la activación del artículo 155 exigiría un requerimiento previo del Ejecutivo a la Generalitat por incumplir sus obligaciones legales o constitucionales y, después, en caso de que las autoridades catalanas persistieran en su actitud díscola, obligaría a obtener el apoyo de la mayoría absoluta del Senado a las medidas elegidas por el Gobierno para recobrar la normalidad institucional.
La aplicación de este precepto constitucional solo se puede realizar de manera temporal dado su carácter excepcional. Fue la fórmula elegida por Mariano Rajoy hace dos años cuando las principales instituciones de Cataluña se lanzaron a la desobediencia del Tribunal Constitucional y violentaron la propia Carta Magna y el Estatuto de Autonomía.
La declaración del estado de excepción permite al Gobierno limitar el ejercicio de derechos y libertades fundamentales ante la «grave alteración del orden público y constitucional». Está recogida en el artículo 116 de la Carta Magna y requiere la autorización previa del Congreso. En todo caso, no podrá exceder de treinta días, prorrogables por otro plazo igual .
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