La ruptura de la negociación del CGPJ hiere de muerte el ya frágil diálogo institucional

Ninguna de las dos partes está dispuesta a dar su brazo a torcer. Ni el Gobierno quiere renunciar a la rebaja del delito de sedición prometida a Esquerra ni el PP a ignorar ese asunto para sellar un acuerdo cuya conveniencia veía clara hace tan solo dos días y con el que se habría logrado poner fin a una situación ya dramática para la Administración de Justicia. Una situación consecuencia de los cuatro años de bloqueo y de la reforma legislativa que impulsó el PSOE en 2021 para empujar a los populares a un pacto y que impide que el órgano de gobierno de los jueces haga nombramientos en el Supremo y los tribunales superiores de justicia mientras siga estando en funciones.

Bolaños afirmó este viernes, en una interminable 'tournèe' mediática, que su mano siempre estará tendida y que, si el PP lo quisiera, el acuerdo podría cerrarse «en minutos». Según dijo, todo estaba tan hecho que no solo se habían decidido ya los nombres de los 20 vocales del CGPJ sino también los doce suplentes. Incluso aseguró que se habían barajado dos fechas para su anuncio, el pasado martes y este viernes. Sin embargo, dejó claro que, tras lo ocurrido, el Gobierno se pondrá desde ya a buscar alternativas al entendimiento con el PP. «No nos vamos a quedar de brazos cruzados», dicen en Moncloa.

La falta de renovación del Consejo, y de rebote del Constitucional, hace que ambos órganos estén dominados por una mayoría conservadora que no se corresponde con la que se derivaría de un acuerdo ratificado por el actual Parlamento. Pero el ministro no descartó este viernes nada: ni reducir las mayorías necesarias en el Congreso y el Senado para poder nombrar a los nuevos vocales del CGPJ sin el concurso del PP (algo de lo que los socialistas ya desistieron hace más de un año tras ser reconvenidos por la Comisión Europea) ni designar, sin esperar más, a los dos magistrados del TC que le corresponden por turno.

De momento, en todo caso, unos y otros están en la batalla del relato. El del PSOE es que a Feijóo «le han temblado las piernas» ante las presiones de los «extremistas» que no reconocen la «legitimidad» del Gobierno. Los socialistas aducen que hace tan solo dos días el líder del PP entendía que la reforma del Código Penal iba por un carril y el cumplimiento de los mandatos constitucionales por otro, como llegó a manifestar la secretaria general del partido, Cuca Gamarra. «Ha dilapidado su liderazgo en un día», dijo el ministro de la Presidencia.

El principal partido de la oposición niega, por un lado, que el acuerdo estuviera «listo» pero además esgrime que es Sánchez quien le ha empujado a su posición actual y, aunque desde Génova no se niega que Feijóo tomara la decisión de suspender toda conversación solo después de haber consultado con varios dirigentes del partido, incluida la madrileña Isabel Ayuso pero también el andaluz Juanma Moreno, insisten en que el detonante de su viraje no fue la advertencia de todos ellos de que su electorado no entendería el pacto sino la intervención en la que el jefe del Ejecutivo dejó claro, desde Pretoria (Sudáfrica), que la reforma del Código Penal no era un mero señuelo para conservar el apoyo de ERC sino una promesa que estaba dispuesto a materializar.

Hasta el jueves, todos los miembros del Ejecutivo habían terminado cualquier alusión a la reforma de la sedición con la misma coletilla: «Necesita una mayoría que hoy no existe». Pero en Pretoria (y antes en el pleno del Congreso la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aunque luego rectificara) Sánchez no hizo esa salvedad. Es más, defendió su legitimidad para impulsar la legislación que considere que puede ayudar a la convivencia en Cataluña; el mismo argumento que en su día blandió para conceder los indultos a los condenados del 'procés'. Los populares alegan que fue eso lo que disparó todas las alarmas porque durante la negociación Bolaños siempre les había asegurado que no irían adelante con la reforma de la sedición.

Ese es uno de los puntos discrepantes entre las versiones de cada parte. El ministro de Presidencia sostiene que nunca ha dicho en privado nada diferente de lo que decía en público. Pero además desde el Gobierno se acusa a Feijóo de haber lanzado su comunicado de ruptura a traición, después de haber hablado con Sánchez –que lo llamó aprovechando un desplazamiento de Johanesburgo a Pretoria, dentro de su gira africana– y de haber quedado en verse el próximo martes, 2 de noviembre, para hablar sobre sus reticencias.

Los populares replican que su líder sí avisó al presidente del paso que daría, dada su intención de seguir adelante con una reforma del Código Penal pensada para «satisfacer a quienes quieren romper a España», y, aunque admiten que aceptó volver a hablar en otro momento (la primera propuesta de Sánchez fue hacerlo este mismo viernes, tras su regreso a España), añaden que no hubo concreción alguna y que todo quedó en una formulación vaga. Insisten además en que Feijóo fue claro a la hora de trasladar el punto en el que se encontraba.

En Moncloa relatan, en cambio, que el jefe del Ejecutivo percibió que las cosas se torcían y que incluso llamó a su jefe de gabinete, Óscar López, y a Bolaños para advertirles, pero que siempre creyó que había margen para reconducir la situación. Ahora el Gobierno de coalición, incluida la vicepresidenta Yolanda Díaz, defiende que Feijóo ha perdido toda oportunidad de presentarse como un líder «moderado y constitucionalista».