Aragonès amenaza con el desacato: «No cambiaré el modelo lingüístico»

Por dos veces, Aragonès advirtió este viernes de que el Ejecutivo catalán no se da por aludido por el fallo judicial. «La Generalitat mantendrá el modelo actual», afirmó en una conferencia en la Universidad Pompeu Fabra. «No cambiaremos el modelo lingüístico ni instaremos a las escuelas a cambiarlo y buscaremos el blindaje jurídico necesario», remarcó. Es más, garantizó que la administración autonómica no dejará solos a los centros y a los docentes y que el Govern asumirá toda la «responsabilidad jurídica y política» de mantener el modelo actual.

A su juicio, el sistema de inmersión que rige en Cataluña, que fija el catalán como única lengua vehicular en la escuela pública y concertada, se ha de «perfeccionar». Eso sí, advirtió de que todas las modificaciones que se introduzcan en el modelo serán para hacer precisamente «lo contrario» de lo que exigen el Supremo y el TSJC. Es decir, considera que en lugar de aumentar el castellano y reducir el número de horas en catalán, lo que hace falta es asegurar el blindaje jurídico de la lengua catalana. Por ello, llamó a las fuerzas catalanistas a impulsar un «pacto nacional» por la lengua, como el que hace 40 años propició la puesta en marcha del actual sistema de inmersión. Aragonès apuesta por actualizar el consenso de hace cuatro décadas y se compromete a hacerlo a partir de enero de 2022.

En estos momentos, cinco de las ocho formaciones en el Parlamento catalán defienden el modelo catalán: PSC, ERC, Junts, En Comú Podem y la CUP. Los socialistas, no obstante, ya no cierran filas como antaño. El presidente de la Generalitat abogó además por reformar la corporación catalana de medios audiovisuales. «Hay que poner al día TV3», dijo. «Hace falta una nueva oferta audiovisual en catalán para blindar la lengua», remató.

El Govern se opone a aplicar la sentencia sobre el castellano y este viernes recibió el apoyo del Síndic, el Defensor del Pueblo catalán, que afirmó que el modelo actual se ha de preservar y que introducir cambios como exige el fallo judicial para que el castellano también sea la lengua vehicular abre las puerta, a su entender, a la «segregación social». Rafael Ribó, que procede del PSUC y de Iniciativa y ahora milita en el nacionalismo, cree que no consolidar el sistema en catalán perjudica a las familias de habla castellana.

Mientra, Ciudadanos instó al Govern a acatar la sentencia judicial y le advirtió de que si no lo hace puede incurrir en «responsabilidad penal».