El Gobierno presiona ahora al Govern para que acate la sentencia sobre el castellano

Es justo lo contrario de lo que el consejero de Enseñanza de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray, transmitió en un primer momento. El dirigente nacionalista se hizo eco de una conversación privada con la ministra de Educación, Pilar Alegría, y aseguró que la ministra le había garantizado personalmente que no se tendrían que ampliar las clases en castellano. También dijo que le había dado garantías de que el Gobierno no iba a adoptar iniciativas para la ejecución de la sentencia.

En cambio, Pilar Alegría, dos días después de conocerse la decisión del Supremo de no admitir un recurso del Govern contra la sentencia del TSJC, que ya es firme, ofreció una versión distinta de la que el consejero catalán trasladó el miércoles. En los pasillos del Congreso, dijo que ante una sentencia firme «no cabe debate». «Es de obligado cumplimiento por parte de cualquier administración pública, sea la Generalitat o cualquier ciudadano. Estamos obligados a cumplir las sentencias firmes», afirmó.

Desde su ministerio, apuntaron el miércoles que es el TSJC quien tendrá que «pedir la ejecución de la sentencia» y «vigilar» su cumplimiento. No obstante, también apuntaron que transcurridos los plazos legales establecidos, si la Generalitat no cumple la sentencia, el Abogado del Estado, en representación del Ministerio de Educación, podrá intervenir, dado que fue este ministerio, cuando gobernaba el PP, el que inició el proceso que ha culminado con la decisión del Tribunal Supremo. Alegría no quiso este jueves precisar si su departamento tomará la iniciativa para hacer cumplir el fallo o si considera que la cuestión depende únicamente del TSJC.

Desde la oposición, consideran que el Gobierno está actuando con tibieza en este asunto para no enfrentarse a sus socios de ERC, que le dan estabilidad parlamentaria. El líder del PP, Pablo Casado, llamó el miércoles a aplicar un 155 «educativo» al Govern si no acata la sentencia, como está amagando. Destacados miembros de su partido, como la presidenta de la Comunidad de Madrid o el alcalde de la capital, respaldaron este jueves la posición de Casado. «El Estado debe poner todas las herramientas que tenga a su disposición» para garantizar los derechos constitucionales, afirmó Isabel Díaz Ayuso.

Esquerra sí replicó a la ministra, a la que recordó que una «parte del Gobierno» asume el «éxito» de la inmersión lingüística. Los comunes, por ejemplo, han hecho una defensa cerrada del modelo catalán, mientras que el PSC, que siempre lo ha defendido, se ha desmarcado del frente catalanista que ha tratado de impular el consejero.

El Govern guardó este jueves silencio. Sí se pronunció el Consejo Escolar, órgano asesor de la Consejería de Enseñanza, que rechazó las «intervenciones políticas o sentencias judiciales, como la reciente del Tribunal Supremo del 25%, que atacan el modelo lingüístico». Y advirtió de que «de acuerdo con el modelo lingüístico del sistema educativo catalán, corresponde a los centros educativos establecer los criterios pedagógicos para el tratamiento de las lenguas». «Naturalmente la educación es y debe ser en catalán», remató.