La abogada de los ordenadores de Bárcenas representará al PP en la 'caja B'

Fuentes jurídicas han conrmado a este periódico que el equipo legal del PP, liderado por el abogado Jesús Santos, exfiscal dela Audiencia Nacional y miembro también del citado bufete estadounidense, ha elegido a Massó para la delicada tarea de sostener ante el tribunal que la formación liderada ahora por Pablo Casado no tuvo una contabilidad paralela con la que se pagó parte de las obras de la sede en 2006.

Otra de las líneas de defensa en las que trabaja el equipo de Baker Mckenzie versa, precisamente, en desacreditar la previsible revelación que realizará Luis Barcenas en el juicio sobre la existencia de la citada 'caja B' y el conocimiento de la misma que tenía, supuestamente, el entonces presidente Mariano Rajoy, que declarará como testigo. Así lo expuso el extesorero en el escrito remitido a Anticorrupción en busca de la atenuante por confesión.

Por lo tanto, el primer hito de la estrategia expuesta por Santos en las cuestiones previas llegará con el interrogatorio a Bárcenas. En principio, el tribunal lo jó para el próximo martes, pero dado el empeoramiento de la salud del acusado Cristóbal Páez, ingresado por una neumonía derivada del coronavirus, es casi seguro que el juicio se aplace sin fecha hasta que éste se recupere y pueda asistir a la sala de vistas.

La abogada Massó no es nueva en estas lides de representar a personas jurídicas en procedimientos penales. Su especialidad versa en prestar asesoramiento a los acusados por delitos de corrupción, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, estafa, apropiación indebida o administración desleal.

En la Audiencia Nacional, por ejemplo, ejerce la representación de la constructora OHL en el 'caso Lezo', la trama de saqueo de la empresa pública madrileña Canal de Isabel II. Una causa en la que la sociedad aparece salpicada en varias piezas por la presunta responsabilidad de algunos exdirectivos, como el exconsejero Javier López Madrid, yerno del fundador de la compañía Juan Miguel Villar Mir.

Pero la razón de peso para que el equipo jurídico del PP haya vuelto a conar en ella está en la llamada causa de los ordenadores de Bárcenas. La destrucción de los discos duros de los equipos que usaba el extesorero en su despacho de Génova 13 antes de ser despedido en 2013.

Massó se sentó en el banquillo del juzgado de lo penal de Madrid en representación del PP. Fue en junio de 2019 y el partido estaba acusado de un delito de daños informáticos. La acción la ejercían en solitario las acusaciones populares, ya que la Fiscalía, como ocurre con la 'caja B', no atribuía ningún delito a la formación conservadora.

En su declaración, la abogada del bufete multinacional se centró en dos vías de defensa. En primer lugar, que se destruyeron los dispositivos en aplicación del protocolo interno del partido, que fue avalado por una auditoría externa de 2012, y en cumplimiento de la Ley de Protección de Datos. En segundo término, expuso que los dos ordenadores cuyos datos se eliminaron eran «sin ninguna duda propiedad del PP» y «así lo acreditan las facturas que se han entregado al juzgado».

El juez absolvió a todos los acusados por falta de pruebas, puso en duda la credibilidad de Bárcenas e incidió en que al menos uno de los ordenadores sí había quedado probado que era del partido. El recurso posterior ante la Audiencia de Madrid confirmó la sentencia. Por este motivo, el buen servicio de Massó en este juicio le ha valido ahora repetir en el de la 'caja B'. Un procedimiento, en todo caso, más complejo que los ordenadores por los abundantes indicios existentes y la previsible confesión de Bárcenas.

Precisamente, el extesorero popular volverá al juzgado el próximo lunes a declarar como perjudicado en el juzgado de la 'operación Kitchen', el espionaje parapoliciales para recuperar documentos sensibles en su poder. En cambio, el juez del 'caso Gürtel', Santiago Pedraz, ha pospuesto a abril su declaración para raticar su confesión sobre la presunta 'caja B' del PP.