La correcta instalación del sistema de ventilación hubiera evitado la tragedia del pozo Emilio

Y en él se muestra contundente y convencido de que el siniestro fue el resultado de un suma y sigue de irregularidades, empezando por la falta de seguridad del tajo pasando por los múltiples errores de ventilación y acabando por la omisión total de los responsables por velar por la seguridad de los mineros.

Concretamente, la Fiscalía entiende que el accidente tuvo su origen en el “incumplimiento” por parte de los acusados de las normas de seguridad en la forma de explotación del taller, que se estaban realizando “condiciones muy peligrosas y sin las adecuadas medidas de seguridad”.

De ahí que advierta que ante los numerosos factores y avisos de riesgo que existían desde el inicio de la explotación del taller, los acusados deberían haber paralizado el tajo e impedido el acceso de los trabajadores para, posteriormente, evitar la forma de explotación.

Según remarca el fiscal, en 2009 la Autoridad Minera ya declaró al macizo séptimo como “sospechoso” de desprendimientos instantáneos y se obligó a regular el acceso al pozo. Pese a ello, el 4 de marzo de 2010 se registró un derrabe con arrastre de carbón y desprendimiento de metano.

A ello se suma que el proyecto de explotación, autorizado en octubre de 1999, solo contemplaba la explotación hasta la planta 865, sin existir dicha autorización para la planta 740 en la que tuvo lugar en accidente, incumpliéndose, en cualquier caso, la disposición interna de seguridad de explotación de talleres en virgen sin minados superiores.

Ello provocó la formación de una bóveda cada vez mayor, que fue visible por primera vez el día 15 de octubre y que desde el 22 se fue desplazado de muro a techo en el avance del taller. Sin embargo, continúa el fiscal, se siguió sutirando durante numerosos días sin tomar las medidas adecuadas para hundir la bóveda.

Pero la Fiscalía va más allá y entiende de “insuficiente e inadecuadamente adecuada” la ventilación del taller, advirtiendo que desde el 12 de octubre hubo nueve días en los límites establecidos de gas metano se habían superado “en más de la mitad de la jornada”.

En este sentido, remarca que en la plata séptima existía un ‘metanómetro’ que poder corte al registrarse el 1,5% de metano, sin embargo, los electroventiladores así como sus cofres y cables de alimentación no se ubicaron directamente en la corriente primaria de ventilación sino en un culatón, causa principal de la parada de la ventilación secundaria, prolongando la privación de oxígenos a los trabajadores.

Es más, la Fiscalía asegura que si los ventiladores hubieran estado correctamente ubicados se hubiese podido renovar el oxígeno en el lugar donde habían caído trabajadores en un tiempo aproximado de 66 segundos, existiendo la posibilidad de que “alguno de ellos no hubiese fallecido si la ventilación hubiese estado adecuadamente ubicada”.

En la misma línea, el Ministerio Fiscal determina que no se adoptaron las medidas necesarias respecto del control de los niveles de metano registrándose valores “en general” altos durante la semana de explotación del 14 al 18 de octubre, siendo el día 25 cuando se experimenta una subida brusca, que desde las 19:10 horas y hasta el final del relevo sitúa al metano en el 2%.

A ello se suma que el sábado 26 se registró un corte en la alimentación eléctrica y en la ventilación y el 27 se observa cómo le cuesta a la ventilación disminuir la concentración de metano. Así, el 28 de octubre, cuando se reanudaron los trabajos, se registró un corte en la ventilación que provocó que el metano alcanzará el 3% en el tercer relevo.

Asimismo, a las 11:35 horas se produjo una avería en el circuito de extracción que, a su vez, origina un fallo de suministro eléctrico interior y paraliza la actividad. A las 11:47 horas se restaura el suministro eléctrico y durante 10 minutos se efectúa la limpieza del gas acumulado, intentando reanudar de3 nuevo las cintas transportadores, lo que genera un segundo fallo eléctrico.

A pesar de que el valor del retorno de la ventilación es bajo, continúa la Fiscalía, no se hizo nada por impedir la entrada de los trabajadores fallecidos y de los lesionados. Así, a las 13:24 horas, hora en la que tuvo lugar el fatal accidente, se registró un aumento “brusco” del metano por encima del 5%.

En ese momento, los accidentados no utilizaron inmediatamente el autorescatador ni se exigió por el personal obligado, siendo una causa de su desvanecimiento por falta de oxígeno, sufriendo daños por hipoxia.

Por todo ello, el Ministerio Fiscal entiende que, aunque sea imposible predecir con seguridad el momento y el lugar en el que se iba a producir, el fenómeno gaseodinámico era predecible porque existían indicios de riesgo, como las alta velocidades de desorción, el alto contenido de metano en capa, las anomalías geológicas, un macizo de protección entre los pozos 7º y 9º que favorecía la existencia de sobretensiones así como los incidentes registrados anteriormente en el macizo.

En el escrito de acusación, la Fiscalía además aprecia deficiencias en el sistema de seguridad de la Hullera Vasco Leonesa, aprobada en 1989 y que durante 25 años no había sido ni revisada ni adaptada a los cambios organizativos que había sufrido la empresa. Concretamente, en el momento del accidente parecían no existir alguno de los cargos que eran responsables de la seguridad en la mina, lo que provocaba una “gran desorganización en las atribuciones y responsabilidades”.

Por todo ello, el Ministerio Fiscal entiende los hechos son constitutivos de un delito contra los derechos de los trabajadores, seis delitos de homicidio por imprudencia grave, un delito de lesiones por imprudencia grave y siete delitos de lesiones por imprudencia grave, los 14 últimos en relación entre sí de concurso ideal, de los que son autores 15 responsables de la Vasco.

La Fiscalía solicita cárcel para el presidente de la Vasco, Antonio del Valle, el vicepresidente y consejero delegado, Arturo del Valle, el vocal de la sociedad, Aurelio del Valle, el director general, Mario Calvo y el director facultativo del Grupo Tabliza, Jose Eliseo Solís.

Asimismo, imputa a cinco ingenieros de Minas que en su día ocupaban los cargos del jefe y subjefe de Tabliza y responsables del servicio de prevención de riesgos, seguridad y salvamento -José Carlos García Jarrín, David Toribio, Javier Martínez, Jairo Gómez y Marcos Ulecia-.

Por último, imputa a cinco vigilantes de seguridad –Carlos Conejo, José Ramón González, Óscar Luis Dopazo, Andrés Rodríguez y Alberto Rivero-, al entender que los 15 acusados “incumplieron la obligación que, por sus respectivos cargos, legalmente les incumbía para proteger la seguridad de los trabajadores”.

Asimismo y en contradicción con el auto de imputaciones de la jueza de instrucción, la Fiscalía ha solicitado el sobreseimiento provisional de la causa contra el delegado minero Alberto Fernández, al entender que no tuvo una intervención directa en las labores de seguridad en el momento en el que tuvo lugar el accidente.