La Fiscalía solicita tres años y medio de cárcel a la cúpula de la Vasco por el accidente del pozo Emilio

Concretamente y según las conclusiones definitivas a las que ha tenido acceso leonoticias, el accidente tuvo su origen en las condiciones “muy peligrosas” en las que se desarrollaban las labores de explotación del tajo así como las inadecuadas medidas de seguridad.

A ello se suma, continúa el fiscal, la omisión total por parte de los responsables para vigilar la seguridad en el taller, variar la forma de explotación, paralizar el tajo e impedir que los trabajadores accediesen a diario a su puesto, lo que hubiera evitado el accidente.

Por todo ello, entiende que los 15 acusados, que deberán indemnizar a las familias de los fallecidos 1,105.000 millones de euros así como más de 776.000 euros a los trabajadores que resultaron heridas, con cuantías que oscilan entre los 272.500 euros y los 24.550 según el grado de las secuelas.

Asimismo y contradicción con la jueza de instrucción, la Fiscalía ha solicitado el sobreseimiento provisional de la causa contra el delegado minero Alberto Fernández, al entender que no tuvo una intervención directa en las labores de seguridad en el momento en el que tuvo lugar el accidente.

La Fiscalía entiende que el accidente tuvo su origen en el “incumplimiento” por parte de los acusados de las normas de seguridad en la forma de explotación del taller, que se estaban realizando “condiciones muy peligrosas y sin las adecuadas medidas de seguridad”.

De ahí que advierta que ante los numerosos factores y avisos de riesgo que existían desde el inicio de la explotación del taller, los acusados deberían haber paralizado el tajo e impedido el acceso de los trabajadores para, posteriormente, evitar la forma de explotación.

Además ve de “insuficiente e inadecuadamente adecuada” la ventilación del taller, advirtiendo incluso que si los ventiladores hubieran estado correctamente ubicados se hubiese podido renovar el oxígeno en el lugar donde habían caído trabajadores en un tiempo aproximado de 66 segundos, existiendo la posibilidad de que “alguno de ellos no hubiese fallecido si la ventilación hubiese estado adecuadamente ubicada”.

En la misma línea, el Ministerio Fiscal determina que no se adoptaron las medidas necesarias respecto del control de los niveles de metano registrándose valores “en general” altos durante la semana de explotación del 14 al 18 de octubre, siendo el día 25 cuando se experimenta una subida brusca, que desde las 19:10 horas y hasta el final del relevo sitúa al metano en el 2%.

A ello se suma que el sábado 26 se registró un corte en la alimentación eléctrica y en la ventilación y el 27 se observa cómo le cuesta a la ventilación disminuir la concentración de metano. Así, el 28 de octubre, cuando se reanudaron los trabajos, se registró un corte en la ventilación que provocó que el metano alcanzará el 3% en el tercer relevo.

Asimismo, a las 11:35 horas se produjo una avería en el circuito de extracción que, a su vez, origina un fallo de suministro eléctrico interior y paraliza la actividad. A las 11:47 horas se restaura el suministro eléctrico y durante 10 minutos se efectúa la limpieza del gas acumulado, intentando reanudar de nuevo las cintas transportadoras, lo que genera un segundo fallo eléctrico.

A pesar de que el valor del retorno de la ventilación es bajo, no se hizo nada por impedir la entrada de los trabajadores fallecidos y de los lesionados. Así, a las 13:24 horas, hora en la que tuvo lugar el fatal accidente, se registró un aumento “brusco” del metano por encima del 5%. En ese momento, los accidentados no utilizaron inmediatamente el autorescatador ni se exigió por el personal obligado, siendo una causa

Se trata de un avance significativo en el caso de los ‘seis de la Vasco’ que llega siete meses después de que la jueza, tal y como adelantó leonoticias en exclusiva, acordase la apertura del juicio oral con la imputación de 16 personas. Una retraso “injustificado” que despertó el malestar de los familiares de fallecidos y heridos.

Ahora confían en que pueda ser el 2018 la fecha en la que se pueda celebrar la vista oral y poner punto final a uno de los capítulos más dolorosos de la crónica negra de la provincia de León.

Tras casi cuatro años en fase de instrucción, la juez entendió que no se tomaron las medidas de seguridad necesarias que hubieran evitado el accidente y apreció graves errores en el sistema de ventilación que ponían “en grave peligro la vida, la salud y la integridad física de los trabajadores, como finalmente ocurrió”.

Los representantes de cinco de los seis fallecidos han solicitado penas de entre siete y seis años de cárcel para cada uno de los 16 imputados mientras que los letrados de los heridos han solicitado penas individuales de seis años por delitos de homicidio, lesiones por imprudencia y contra los derechos de los trabajadores. De esta forma, las penas acumuladas podrían superar los 80 años para cada uno de los imputados.

Por su parte, los acusados han recurrido el auto de imputación de la juez al entender que el accidente fue “imprevisible” y que la actuación fue “perfecta”, alegando además contradicciones y errores en los informes periciales. Recurso que, hasta la fecha aún no se ha resuelto.