El turno de oficio reivindica en León remuneraciones «justas» ante el «desprecio» político

Los más de 360 abogados de León inscritos al turno de oficio celebran otro 12 de julio, día de la justicia gratuita, y lo hacen de nuevo sacando a la calle sus reivindicaciones practicamente históricas.

Frente a la sede del Colegio de la Abogacía de León, junto a los juzgados, un nutrido grupo de abogados se concentraba, capitaneado por su decano, Fernando Rodríguez Santocildes, para recordar que este día, además de conmemorar la entrada en vigor de la Ley de Justicia Gratuita de 1996, es también una jornada para reivindicar y exigir mejoras.

Porque los abogados adscritos al turno trabajan en unas condiciones «precarias» con una remuneración «clarísimamente injusta, que supone un desprecio por parte de los responsables políticos», señalaba Rodríguez Santocildes, que apuntaba que su actividad no es otra que «garantizar el derecho constitucional de todos los ciudadanos a acceder en condiciones de igualdad a la justicia».

Entre las carencias que detecta el colectivo, ponen el foco en reclamaciones para otros sectores tan evidentes como la remuneración de los gastos de desplazamiento que, hasta ahora, corren a cargo de los propios profesionales, y con especial relevancia en una provincia con una dispersión geográfica tan amplia como León.

Confían en que la ley de justicia gratuita que va incluida en la agenda normativa de 2024 del Gobierno sea «una realidad» y reconozca así «todas las actuaciones que realiza la abogacía» y «se remuneren todas».

Una jornada que, además de reivindicar, ha servido para homenajear a una docena de compañeros del turno que han dedicado cerca de 30 años a esta actividad y a los que se ha dedicado un sentido acto en el salón de actos del Colegio.

Al tiempo, se ha homenajeado a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, que cumplen 180 y 200 años respectivamente, y a los que el Colegio de la Abogacía de León ha agradecido la coordinación y el trabajo conjunto en la asistencia a personas detenidas o la atención a víctimas de violencia de género que «redundan en el beneficio de la ciudadanía y de la sociedad».

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