«Se avecina un cambio de paradigma en la justicia que puede suponer otra paralización»

Primero fue la pandemia y luego una cascada de huelgas en diferentes perfiles de profesionales de la administración que llevó a una paralización y retraso sin precedentes en la justicia leonesa. Aunque poco a poco se va recuperando el ritmo, lo cierto es que la situación en los juzgados de León sigue siendo, en palabras de Fernando Rodríguez Santocildes, decano del Colegio de la Abogacía de León, «francamente preocupante».

«Ojalá pudiéramos decir que estamos en un buen momento, pero no es así», señala el abogado, que cree que en el fondo del problema no solo subyacen acontecimientos como la pandemia y las sucesivas huelgas, sino también una cuestión de trato desde las administraciones públicas a la justicia. Lamenta en este sentido Rodríguez Santocildes que «no existe una seria preocupación por parte de los responsables políticos en tener una justicia que realmente responda a las demandas y necesidades de los ciudadanos».

Esto sucede en un contexto en el que España se enfrenta a importantes modificaciones legislativas. Con la ley de eficiencia como eje central, la forma de entender y organizar la justicia en nuestro país cambia. En este sentido el decano de los abogados leoneses pide que todas estas reformas se acompañen en todos los casos de una dotación presupuestaria que contemple medios económicos y personales «serios» para que no quede «en papel mojado».

Porque la justicia, sigue Santocildes, necesita «dotación de juzgados, de jueces, de personal suficiente en los órganos judiciales que puedan atender las demandas que entran en los juzgados con una capacidad óptima para dar respuesta». En el horizonte la ley de eficiencia que, de entrar en vigor según se ha diseñado en el proyecto, supondrá la creación de los tribunales de instancia.

Una realidad que «va a suponer otra revolución y un nuevo paradigma en la forma de organizar la administración de justicia» y cuya puesta en marcha para el decano va a suponer «otra paralización y otro rechazo» si no se les dota de medios personales, de funcionarios, de letrados y jueces suficientes, pudiendo producirse una situación similar a la vivida hace una década con la implantación de la oficina judicial que «fue un verdadero caos».

Estos tribunales de instancia se crearían en cada partido judicial, y en aquellos con mayor extensión o población, los mismos tendrían distintas secciones especializadas en diferentes materias. Al tiempo, los juzgados de paz desaparecerán para dar paso a oficinas municipales de justicia, y la abogacía pide más medios para que se pueda llevar a cabo el trabajo en un contexto donde primará el servicio telemático y digital.

Este nuevo paradigma es también una oportunidad para el Colegio de la Abogacía de León, que cuenta con 1.100 colegiados ejercientes y cerca de 700 no ejercientes, de seguir exigiendo y reivindicando mejoras para el sector. Entre ellas, destacan algunas que se abordaron en la junta general ordinaria del mes de mayo como la solución «sin demoras» a conseguir «remuneraciones dignas» para los compañeros del turno de oficio, o las soluciones para aquellos abogados cercanos a la jubilación.

Fundamental es el turno de oficio, al que pertenecen más de 300 abogados de la provincia y que al año tramita en torno a 8.000 expedientes en León, un volumen importante que ejemplifica la relevancia de esta asistencia judicial gratuita que garantiza un derecho constitucional recogido en el articulo 119 de la Carta Magna.

Con la nueva ley de asistencia jurídica gratuita en trámite, desde el Colegio de la Abogacía de León ven una oportunidad para hacer un «planteamiento nuevo». La actual ley es de 1996, y expone una «realidad social que nada tiene que ver con la actual, con una administración de justicia que nada tiene que ver y unos procedimientos judiciales muy diferentes», por lo que Rodríguez Santocildes pide que esta modificación se adapte a los tiempos y, sobre todo, «dé respuesta a las demandas de los profesionales que sustentan un derecho fundamental y que debe ser valorado por las instituciones y estar justamente remunerado».

Según los datos del Consejo de la Abogacía de Castilla y León, León rompe la tendencia que sigue el resto de la comunidad respecto a la caída de expedientes tramitados, aumentando los mismos en un 6,1%. El número de letrados en el servicio sí se redujo el año pasado, con 21 profesionales menos, algo que no impidió que los asuntos de violencia de género registrasen un aumento del 14,2% y alcanzasen los 2.542 casos.

En 2023, el Estado invirtió nueve millones de euros en la Asistencia Jurídica Gratuita en Castilla y León, un aumento del 1% con respecto a 2022. Sin embargo, la retribución media que percibieron los profesionales por cada asunto tramitado subió de los 148,11 euros de 2022 a los 151 euros de 2023, lo que supone un ligero incremento de algo menos de tres euros. Esta cantidad incluye la atención 24 horas al día, 365 días al año, y continúa muy por debajo de la que se maneja en los despachos.

Como cada 12 de julio, Día de la Justicia Gratuita, la abogacía leonesa se volverá a concentrar para reivindicar el papel de los 364 abogados adscritos al turno de oficio y reconocer en un emotivo acto a partir de las 13.00 horas a doce compañeros con más antigüedad así como a la Comandancia de la Guardia Civil y la Policía Nacional.

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