¿Por qué protesta la educación pública de León?

Impulsada por la Junta de Personal Docente de León, ha sido apoyada por la Federación de Ampas de León (Felampa), el comité de empresa del personal laboral del sector educativo de León y la  Junta de Personal de Servicios Periféricos de León, para mostrar unidad de todos los ámbitos de la educación pública en estas reclamaciones.

Y las movilizaciones tomarán otro cariz este jueves, con una manifestación prevista para las 19:00 horas, para tratar de facilitar la presencia de todos los docentes y empleados de la educación, frente a la Delegación Territorial de la Junta en León.

Pero, ¿qué pide el sector educativo?

La gran reclamación, tanto del sector docente como de los padres y madres de alumnos, tiene que ver con las sustituciones de profesores que, afirman, se realizan tarde y con demora. La Junta de Personal Docente especifica que el retraso es mayor cuando hay que «duplicar la financiación».

Es decir, en caso de jubilaciones o personal que ha pedido una excedencia – entre tres meses y dos años sin sueldo -, suele darse una mayor celeridad, que no sucede en la cobertura de bajas por enfermedad, maternidad o paternidad, donde se tiene que doblar esa financiación.

Esto ha ocasionado que algunas aulas en distintos centros de la provincia hayan estado varias semanas sin un profesor del área, con el consecuente retraso que conlleva a la hora de impartir la materia prevista para cada curso.

Este problema también lo denuncia el personal laboral de los centros, que lamenta la gran demora en la sustitución de bajas, lo que, explican, conlleva a una sobrecarga de trabajo a los empleados que sí pueden ejercer su labor y acaba suponiendo, en algunos casos, nuevas bajas laborales.

Además, también han detectado, afirman, una práctica por parte de Educación en los centros de cubrir las bajas con empleados de la subcontrata Serunión, que tiene la concesión en distintos comedores, algo que, en las últimas concentraciones, han señalado que «no es legal».

Por su parte, la Junta de Personal de Servicios Periféricos de León también basa su reivindicación en los medios humanos de los que disponen. Representan a los administrativos y denuncian una grave carencia de personal para cubrir todas las necesidades de la educación pública leonesa, algo que repercute, por ejemplo, en la tardanza de las sustituciones docentes.

Señalan que la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) aprobada habla de la necesidad de 220 administrativos en la provincia de León para el área de educación, pero que en realidad están trabajando en torno a 150 puesto que no se cubren bajas ni jubilaciones.

Otro de los problemas es económico. Todos los centros públicos presentan un presupuesto, que pasa varias veces por el Consejo Escolar y que recibe el visto bueno de la consejería de Educación en el que se prevé el gasto a nivel de suministros o material escolar para cada curso.

La Junta abona su parte correspondiente en dos partes: una en marzo y otra antes del 1 de octubre. Los centros denuncian recibir «pequeños ingresos» desde noviembre sin saber a qué cuentas corresponden, si al segundo pago de 2023 – puesto que se tendría que haber recibido, según la ley, antes del 1 de octubre – o al primer de 2024 – que tiene que recibirse antes del 1 de marzo -.

Además, las cantidades percibidas por los centros son menores a las presupuestadas puesto que la Junta, explican, «recalculó» por cuenta propia estas cantidades debido a que el combustible y la electricidad subieron «menos de lo previsto». Hay centros, aseguran, que han visto sus partidas recortadas hasta en un 35% y otros a los que se les adeuda hasta 35.000 euros, según la Junta de Personal Docente.