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Una luz fundida, una cerradura rota, la calefacción no funciona, el ascensor se ha quedado parado, la presión del agua... La lista podría seguir hasta ocupar casi toda la noticia. Son algunas de las quejas que les llegan cada día a los administradores de fincas de León y, muchas de ellas, con alguno o todos estos apellidos: urgente e importante.
Los testimonios también recogen una situación muy común: muchos vecinos desconocen si el administrador de su comunidad está colegiado o no, y si lo saben no conocen qué diferencias puede haber entre estar o no. En el Colegio de León hay 83, de los que 63 tienen oficina en la capital, una ciudad con 80.000 viviendas, muchas de ellas muy antiguas. Parecen pocos para tanto trabajo, y aquí es donde entra en juego uno de los factores: el intrusismo.
Raúl Morán, administrador de fincas en León explica a Leonoticias que «en nuestra profesión tenemos un problema muy serio, que es el intrusismo. Hay mucha gente que, sin estar colegiada, se dedica a llevar comunidades. Es una pelea que tenemos en León y en toda España desde hace muchos años porque pedimos la colegiación obligatoria».
Raúl explica que es relativamente «fácil» ser administrador de fincas colegiado: «Tienes que tener un título como Derecho o ADE, reunir unos requisitos y pagar la cuota. Después hay otras personas, como abogados que llevan alguna comunidad, economistas, incluso empresas de limpieza… Pero una cosa es llevar las cuentas que casi las puede llevar cualquier persona con una hoja de cálculo. Eso se hace de cualquier manera pero es la parte mínima y fácil».
El problema del intrusismo también genera a los administradores colegiados un agravio porque como cuenta Raúl «los que no lo están se están beneficiando de convenios, como con los bancos, que deberían ser sólo para los que sí lo estamos. En cosas como estas radica que ellos puedan ofrecer un servicio más barato porque no tienen esos gastos que nosotros sí tenemos».
Los administradores colegiados como Raúl señalan la gran cantidad de trabajo que hay detrás de una mera contabilidad: «Mi mujer, Amparo, es la que se ocupa de las incidencias y llega a casa a las nueve cada noche, y no sabe ni las llamadas que ha recibido. Hay problemas de todo tipo. En décadas de profesión no había conocido nunca que cayera un rayo en un edificio y cayó e inutilizó calderas, ascensores, televisiones, y hay que dar respuesta. Y es que la labor de un administrador es esa, atender y dar solución a todas las reclamaciones, los problemas, los seguros… Tramitar todo de la mejor manera y lo más rápido posible«.
En pleno quinto aniversario del confinamiento por la Covid, Raúl apunta a otro problema: «Desde la pandemia, el comportamiento de la gente ha cambiado a peor. Eso que se decía sobre que íbamos a salir mejor..., pues todo lo contrario. Aquí estamos para atender pero las reclamaciones han aumentado y el respeto se ha perdido, las formas no son las mismas».
Una situación que muchas veces se agrava cuando «te encuentras con comunidades que tienen muchas quejas que no se resuelven o se hace tarde y mal, y ves que no lo lleva un administrador colegiado. Nosotros estamos actualizados constantemente, tenemos asesores jurídicos, relacionados con todos los colegios profesionales… Eso no lo pueden tener ellos».
«Y después, no hay profesionales», comenta preocupado Raúl: «No sé qué pasa en León. Con el tema de las calefacciones, por ejemplo, hubo que hacer unos cambios que había que hacer en los radiadores. Pues era imposible dar con ellos, las empresas de mantenimiento no los encontraba y había un montón de problemas al poner las piezas, etc. Nosotros ya tenemos gente de confianza y demás, pero para obras de gran envergadura es complicado hasta que te hagan presupuesto».
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Todos estos problemas repercuten a los gastos de las comunidades. Raúl dice que «nosotros buscamos los mejores servicios y no dejamos de intentar ajustar los gastos. En algunos temas es imposible, como la luz ha subido porque ha subido el IVA, no depende de nosotros. Ahora estamos negociando con las empresas de los ascensores porque hay un Real Decreto que añade adaptaciones, papeleos… Nosotros estamos buscando qué empresas repercuten ese gasto al cliente y cuál no para no pasárselo a los vecinos. Si hay una subida unilateral que no está justificada pues, o se ratifica o se busca otra empresa, aunque tampoco nos gusta mucho andar cambiando cada poco».
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