El Procurador del Común se pronuncia a favor de que se examine el caso de la acogida de los leoneses Félix y Beatriz

Ante esta situación y aún encajando el golpe, los dos padres de acogida acudieron al Procurador del Común para que ejerza en la mediación. «Él también es el defensor del menor, le hemos trasladado que el vínculo y los apegos han ido creciendo a medida que han pasado los años, apelamos a él como un intermediario, que no sea la Junta que está muy cerrada en banda ni nosotros que no somos expertos».

Y ahora, tiempo después, el Procurador del Común se ha pronunciado. Esta figura autonómica entiende la necesidad «de que se valore aplazar la presentación de la correspondiente propuesta de adopción de estos menores ante la autoridad judicial competente, aun transcurrido el plazo mínimo de tres meses para su formulación, durante el periodo de tiempo que fuese necesario para garantizar que la familia elegida es la más adecuada para atender las necesidades de los niños en todos los niveles, conseguir su aceptación plena de las futuras personas adoptantes, evitar perjuicios emocionales y psicológicos en los niños por su separación de la familia de acogida, conseguir una adaptación progresiva, promover un adecuado desarrollo de su identidad y personalidad y evitar la confusión de sentimientos de pertenencia y afectividad generados con un acogimiento familiar de larga duración».

En este sentido, el Procurador apuesta porque durante ese tiempo «se desarrolle una evaluación pormenorizada, exhaustiva y completa del desarrollo de la guarda preadoptiva para poder constatar, con seguridad, la idoneidad actual de los solicitantes de adopción, su plena capacidad para atender las necesidades de los menores y la integración de los mismos en todos los ámbitos».

De la misma forma asegura que, en caso de concluirse la inadaptación, la falta de capacidad o motivación de los futuros adoptantes o su imposibilidad para atender adecuadamente a los niños, «se acuerde la interrupción provisional o definitiva de la guarda, acordando la no presentación de la propuesta judicial de adopción y procediendo, en su caso, a la revocación formal de la idoneidad declarada en su día, salvo cuando las causas de dicha imposibilidad no sean imputables a dichas personas y hayan manifestado su deseo de mantener la solicitud de adopción, en cuyo caso habrá de realizarse una actualización de la valoración».

En todo caso, las decisiones que se adopten sobre las medidas de protección a adoptar respecto a los citados menores «deben ser en beneficio de su interés prioritario, considerando además su derecho a ser oídos».

Mirando al futuro, Tomás Quintana señala que, en futuros procedimientos como el examinado, «se someta la intervención de la entidad pública de protección a la infancia a los trámites reglados que garanticen la seguridad jurídica».

El caso de Félix y Beatriz sigue adelante, esperando que la administración sea permeable a su caso.