En apenas cinco minutos, hasta tres vehículos atravesaron la calle San Agustín para colarse en Alfonso V. Una zona restringida a la movilidad, que iba a quedar solo disponible para vehículos autorizados, y que, a día de hoy, nadie podría utilizar.
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El Grupo Municipal Popular ha denunciado el limbo en el que se encuentran estas calles -además de Gil y Carrasco- desde que el pasado 15 de noviembre el alcalde de León emitiera un bando y los correspondientes decretos para el uso y acceso a todas ellas. También se establecía como fecha tope el 1 de marzo para que residentes y comerciantes con derecho a paso solicitaran sus permisos ante la Policía Local.
El PP ha afirmado que, tres meses después, «no se ha habilitado ningún cauce» para iniciar dicho trámite. Durante las últimas semanas han recibido las quejas ante «llamadas a la Policía Local sin obtener respuesta y visitas presenciales que acababan sin información».
Tras ello, en la última comisión de Movilidad habían presentado una batería de preguntas sobre cuántas solicitudes se habían cursado, cuál fue la fecha de la primera registrada y cuántas se habían concedido. «La sorpresa fue que no ha habido permisos porque no había solicitud por parte de los vecinos», ha expuesto el portavoz David Fernández, que ve en esta respuesta «una desfachatez y una mentira para tapar la incompetencia del equipo de gobierno». También se les informó de una ampliación del plazo hasta el 1 de junio por ese mismo motivo. «Hay que tener cara para culpar a los vecinos, que acudían a nosotros por la fecha y las dudas, de algo que tiene responsabilidad el alcalde y su equipo».
El grupo municipal lamenta la «desorganización, falta de previsión y organización» y exigen «seriedad, rigurosidad y decir la verdad» a los ciudadanos.
Entre las aclaraciones por la prórroga de la fecha para entrada en vigor del permiso obligatorio de circulación se encuentra la ejecución de la garantía de estas calles. La obra fue recepcionada el 20 de junio de 2024 y se encuentra en periodo de garantía de dos años. «Las actuaciones que desde entonces se han realizado ha sido a cargo de la emrpesa dentro de la garantía», exponían fuentes municipales a Leonoticias.
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David Fernández, portavoz del PP, ha recordado que se trata de una zona parte del área de bajas emisiones «implantada irregularmente», tal y como expuso el Procurador del Común, y que está pendiente del recurso que su formación ha presentado ante el Contencioso Administrativo, con medidas cautelares denegadas en primeras instancia y apeladas al TSJ.
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