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La dimisión de ocho de los 18 miembros de la junta de seises de la Cofradía del Santo Cristo del Perdón, hace ahora siete años, fue el detonante de una crisis que llegó hasta el mismísimo Vaticano.
Cuatro hermanos de la cofradía iniciaron un proceso de recogida de firmas para exigir la convocatoria de una junta general extraordinaria en la que se dieran explicaciones por esta situación. También se recogía en un punto de la orden del día la propuesta de moción de censura de los seises que aún permanecían al frente de la penitencial.
Tuvo que ser el hoy papa en funciones, el camarlengo Kevin Farrel, encargado de anunciar la muerte del papa Francisco, el que resolviera la situación y devolviera las aguas a su cauce en San Francisco de la Vega.
Una resolución firmada el 17 de junio de 2020, dos años después de que se produjera el conflicto interno en el Perdón, tiene el sello del cardenal, que en ese momento se encontraba al frente del Dicasterio para los laicos, la familia y la vida -similar a un ministerio en el Estado Vaticano-.
Todo empezó con esa recogida de firmas que acarrearía la expulsión de los cuatro hermanos díscolos del Perdón. La cofradía buscó diferentes argumentos para ejecutar esta recomendación del juez de penas y entre estas se encontraba el uso de la marca de agua en el documento -apropiación indebida de un emblema- que fue expuesto en público, el uso de menores de edad o hermanos que no se encontraban al corriente de pago -mala fe- o una falta de respeto ante el consiliario por no acudir a su despacho para la validación de firmas. Todo ello causaba un «daño» a la penitencial y procedía su expulsión.
El expediente de expulsión abría la puerta a acudir a la Comisión de Mediación de Conflictos de la Junta Mayor, pero la cofradía rechazó esta vía y se ratificó en su escrito. Por ello los cuatro hermanos expulsados acudieron al delegado episcopal del obispo entonces Julián López, quien resolvió dándoles la razón ante una resolución «desmedida» y pedía su readmisión. El Perdón recurrió al obispo -su superior jerárquico- y éste ratificó el escrito de su delegado. Solo les quedaba acudir al Vaticano como instancia superior.
La institución a la que debían recurrir era el Dicasterio para los Laicos, al frente del cual se encontraba el prefecto Kevin Farrel, ahora camarlengo y responsable del Vaticano en sede vacante tras la muerte del papa Francisco.
El decreto que firma ratificaba la primera resolución del delegado de Julián López. El Dicasterio también corregía al delegado, que había argumentado que la recogida de firmas era nula de pleno derecho porque no había autorización de la cofradía.
En las conclusiones de Farrel se recoge que el juez de penas se «extralimito en competencias» al recomendar la expulsión, además de rechazar que las autoridades eclesiásticas consultadas por la cofradía hubieran sido el consiliario. La resolución de readmisión, confirmada por el obispo, era para el camarlengo una «legítima decisión» ante una medida «desproporcionada» respecto a los hechos. Como ejemplo pone la denuncia por apropiación indebida ante el uso del emblema de la cofradía que no veía imputable a hacerlo pasar por documento oficial a través del engaño.
Después del papel del precepto Kevin Farrel, al Perdón solo le quedaba presentar recurso ante el Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica, que estaría formado por 14 cardenales y presidido por el papa Francisco. Este recurso no se llegó nunca a explorar.
La intervención del camarlengo obligó a la cofradía a readmitir a los cuatro hermanos y la penitencial les convocó para ofrecer un «borrón y cuenta nueva» y cerrar así aquella crisis.
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