El 'Pacto por la Recuperación' abre la puerta de la reactivación con más de mil millones

La comunidad de Castilla y León invertirá más de 1.100 millones de euros en los próximos años para afrontar la reconstrucción y recuperación de la Comunidad como consecuencia de la pandemia del coronavirus, de los cuales 250 se destinarán al sistema sanitario y 728 a inversiones sociales, en un pacto de Comunidad alcanzado entre la Junta y la oposición.

Además, el pacto recoge un Fondo Extraordinario COVID-19 por importe de 80 millones de euros y cuya mitad se transferirá a las Corporaciones Locales de Castilla y León para actividades relacionadas con el empleo y la inversión y 25 millones para un nuevo Plan de Promoción Industrial y de refuerzo del sector agroalimentario.

En ayudas directas a familias en situación vulnerable, con hijos e hijas en edad escolar, para el acceso a ordenadores y conexión a internet se destinarán 3 millones de euros y para una convocatoria extraordinaria de becas para estudiantes de Bachillerato, Formación Profesional y Universidad durante el curso 2020-2021 irán destinados 8 millones, informa Efe.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), junto al vicepresidente (Cs), Francisco Igea, han suscrito hoy este histórico pacto para la Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión Social en la comunidad con los portavoces parlamentarios del PSOE, Luis Tudanca, del PP, Raúl de la Hoz, y de Ciudadanos, David Castaño, todos ellos con grupo propio en la Cortes.

Del grupo mixto, integrado por cuatro formaciones, también lo han suscrito Podemos, Pablo Fernández, y Por Ávila, Pedro José Pascual, que no ha podido estar en el acto pero lo ha firmado previamente.

Las otras dos formaciones que integran el grupo mixto, la Unión del Pueblo Leonés, con su único procurado Luis Mariano Santos, no ha suscrito el pacto pero tampoco lo rechaza y buscará acuerdos puntuales, mientras que Vox se ha desmarcado del acuerdo.

El documento está compuesto por 86 medidas que se centran en cinco grandes ejes: sanidad de calidad y equidad, economía y empleo, protección social, servicios públicos y financiación de la Comunidad tanto a nivel nacional como en la Unión Europea.

Con un presupuesto de 376 millones de euros, el pacto está acompañado de un plan plurianual de inversiones prioritarias cifrado en otros 728 millones de euros, hasta un total de 1.104 milonnes.

Dentro de este montante están partidas como 250 millones de euros que se destinarán a la recuperación del sistema sanitario de la Comunidad u otros 80 millones para la creación de un Fondo Extraordinario COVID-19, de los que la mitad serán transferidos a las Corporaciones Locales de la Comunidad para el desarrollo de actividades relacionadas con el empleo y la inversión.

Con este pacto autonómico, Castilla y León sigue la senda de la Comunidad de Aragón, la primera que selló un acuerdo de estas características por la situación de la pandemia a inicios del mes de junio.

En el apartado sanitario, se ha acordado dotar de un fondo de 250 millones de euros para la recuperación de la Sanidad, destinado a «paliar los efectos de la COVID-19», con el objetivo de «reforzar la Atención Primaria con »contratación de profesionales y suministros; refuerzo de dispositivos de Salud Pública con profesionales epidemiológicos y medicina preventiva«.

Asimismo, el pacto compromete la mejora de la estructura y la dotación de las Unidades de Cuidados Intensivos o a establecer un sistema de compra y aprovisionamiento de equipos de protección.

Además, se potenciará la recuperación de la actividad ordinaria y la reducción de las demoras producidas por la pandemia en las listas de espera sanitarias.

En este apartado sanitario, varios de los puntos del acuerdo giran en torno a la Atención Primaria en la Comunidad, para la contratación de profesionales y suministros y la adaptación de las infraestructuras para el establecimiento de circuitos separados en los centros sanitarios para atender a personas con cuadro Covid.

Otro de los puntos del pacto, concretamente el tercero, descarta la vía planteada por algunas formaciones en la Comunidad, como Podemos, de abrir una comisión de investigación en las Cortes autonómicas para indagar en lo ocurrido en las residencias de ancianos de la Comunidad.

Por contra, según dicho acuerdo, será la Junta la encargada de elaborar un informe sobre la «incidencia y prevalencia» de la pandemia en estos centros y sobre las actuaciones llevadas a cabo y los resultados obtenidos, para su posterior debate en la comisión competente en materia de Asuntos Sociales del Parlamento autonómico.

Asimismo, sobre estas residencias, el acuerdo insta a todas las partes a trabajar en una propuesta de consenso para analizar los criterios de «posible abono o reintegro» respecto de la sanidad y las residencias privadas de los servicios prestados durante el estado de alarma.

Del mismo modo, las partes han acordado una revisión del modelo de atención residencial en la Comunidad, para adaptarlo a las nuevas circunstancias, con un refuerzo de su estructura y un plan de inspecciones anual dotado con nuevas herramientas tecnológicas, que también contemplará la formación permanente de los titulares de las direcciones de los centros o la prevalencia de los usuarios.

Precisamente, sobre las plazas, los firmantes han acordado incrementarlas un 25 por ciento a lo largo de la presente legislatura, con una ampliación de las prestaciones de teleasistencia o la demanda al Gobierno de la Nación del «desbloqueo» del 50 por ciento de los gastos derivados de la Ley de Dependencia.

Finalmente, los firmantes han acordado también la elaboración de una Ley de Atención Residencial, que implicará la suspensión de la tramitación de cualquier norma de rango inferior que pueda interferir en esta futura ley.

En el apartado referido a la economía y al empleo, aunque el pacto no explicita cantidades presupuestarias, sí que incluye acuerdos como el de aplazar los pagos de los tributos autonómicos para los ciudadanos, autónomos y pymes o el diseño de un nuevo Plan de Promoción Industrial en el marco del Diálogo Social «adaptado a la era poscovid«.

En referencia a estos impuestos autonómicos, los firmantes del pacto han acordado suspender el trámite parlamentario por el que se debate el Proyecto de Ley para la práctica eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones entre familiares directos, que ya había sido llevado al Parlamento autonómico.

Asimismo, este apartado incluye algunos puntos programáticos de las formaciones firmantes, como la extensión de la banda ancha en el medio rural; la simplificación administrativa; o ir de la mano de la Administración del Estado para lograr una transición ecológica justa con medidas específicas para las comarcas mineras.

En este apartado, el acuerdo incluye el Plan de Inversiones Sociales Prioritarias, que compromete la inversión de 728 millones de euros, equivalentes a las cantidades previstas en el último plan, con un periodo de desarrollo de cinco años (2021-2025).

También está inserto en este epígrafe otros compromisos relacionados con la Educación, como la progresiva reducción de las tasas universitarias o convocatorias extraordinarias de becas; en Administración, con el impulso de su modernización o en I+D+i, con la elaboración de una nueva Ley de Ciencia.

Todos los firmantes de este pacto han coincido en señalar la importancia histórica de este acuerdo para la Comunidad, en el que todas las partes han sabido ceder para incorporar demandas y peticiones de otras formaciones que iban incluso en contra de algunas líneas programáticas.

Por parte de la Junta, el presidente de la Comunidad, Alfonso Fernández Mañueco (PP), ha catalogado este acuerdo como de un «pacto histórico que aporta esperanza» a Castilla y León y a sus ciudadanos.

En su intervención durante la firma del acuerdo, Mañueco ha subrayado que con este pacto se «ha puesto en valor la concordia», que «debe ser un ejemplo» para toda España, unas palabras que también ha utilizado el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, que ha instado al Congreso de los Diputados a «tomar ejemplo» de la Comunidad.

«Somos tierra de pacto y concordia. Una tierra que prefiere el diálogo a la crispación, que quiere acordar», ha expresado el presidente autonómico, quien ha defendido la firma de este acuerdo como una «deuda» que la política tenía con la sociedad por la pandemia.

De este modo, Fernández Mañueco ha invitado a convertir esta «dura prueba» de una pandemia que se ha «ensañado» con Castilla y León en una «oportunidad para conquistar una sociedad más cohesionada, más justa y más solidaria».

Será esta una sociedad «diferente« que tendrá que hacer frente a »profundos cambios« en sus hábitos y que tendrá que construir su futuro desde la »sostenibilidad« y echando mano de las herramientas disponibles para la »transformación digital«.

Mientras, el vicepresidente, portavoz y consejero, Francisco Igea, ha pedido a las fuerzas que integran el Congreso de los Diputados que «tomen ejemplo» de Castilla y León y negocien un pacto como el rubricado hoy en la Comunidad por la pandemia del coronavirus.

Según Igea, con este pacto «queda demostrado que es posible otro modo de hacer política», que «se puede hacer política sin renunciar a los ideales y sin olvidar los principios», ha reflexionado.

Sin embargo, al igual que «una golondrina no hace el verano», Igea ha llamado a la prudencia para «trabajar duro para que esta Comunidad, cuando se acabe nuestro tiempo en esta tierra, sepa que este fue nuestro mejor momento, el momento de la política en Castilla y León», ha expresado.

«Hagamos que tanto esfuerzo y dolor valgan la pena», ha manifestado el portavoz del Ejecutivo autonómico, que ha recordado con sus palabras el «ejemplo y las fatigas» de comerciantes, hosteleros y de todas aquellas personas que han visto perder a familiares y amigos por la pandemia.

Por parte de la oposición, el secretario general y portavoz del Grupo Socialista en las Cortes, Luis Tudanca, ha reconocido que con este acuerdo «gana la Sanidad, la Educación, los Servicios Sociales y, en definitiva, gana Castilla y León».

En su turno de palabra, Tudanca ha defendido la «política útil» y el valor del «diálogo», y ha confesado que no le importa quien se vea beneficiado «políticamente» con el pacto, ya que quiere que «la gente de esta tierra gane».

«Creo en la política como servicio publico», ha indicado el socialista, quien ha agradecido la «generosidad» del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, del vicepresidente, Francisco Igea, así como de los portavoces del resto de formaciones que han firmado el acuerdo.

Del acuerdo, ha lamentado que «no está todo» lo que pretendía el Grupo Socialista, «pero sí es un gran avance para hacer de esta tierra un lugar mejor».

Finalmente, el líder autonómico de Podemos, Pablo Fernández, ha considerado que, con este pacto, «la clase política debería poner sus ojos hoy en Castilla y León».

Fernández ha indicado en su comparecencia que «el camino es amparar y proteger a los castellanoleoneses» y ha defendido «anteponer el bien común por encima de intereses partidistas, dejando de lado lo que separa y buscando lo que nos une«.

«Pese al trecho ideológico que nos separa, los verbos construir, acordar, consensuar dan el verdadero significado a la política», ha resumido.