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El 'Pacto por la Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión Social en Castilla y León' que este miércoles se firmará entre las diferentes formaciones políticas de la comunidad se resume en una introducción, cinco capítulos, 81 puntos de desarrollo y 17 folios.
Ese documento de trabajo hoy en su recta final -al que ha tenido acceso leonoticias-, eje del rearme estructural en la comunidad, contempla como elementos más significativos una inversión de 250 millones de euros para el sistema sanitario de la comunidad, 728 en inversión social y un fondo extraordinario de 80 millones de euros destinados a las corporaciones locales con el fin de fomentar la actividad y el empleo.
Son estos los trazos gruesos de un documento de trabajo que en esta jornada tomará cuerpo inicial y que emplea sus primeros seis puntos en definir el 'nuevo tiempo' al que ahora se enfrenta la comunidad.
Es en el apartado primero (Sanidad con criterios de calidad y equidad) donde se trabaja, aunque aún de forma genérica, en algunos aspectos determinantes. Así en el apartado 10 se propone una inversión de 250 millones de euros «para la recuperación de la Sanidad, destinado a paliar los efectos del COVID-19».
Más dotación en equipos médicos, UCI, unidades medicalizadas de emergencia (UME) y de soporte vital básico. Una inversión que apuesta, siempre en términos globales, por la mejora de las retribuciones, la recuperación de la actividad clínica y la elaboración de protocolos efectivos ante posibles situaciones de rebrote epidémico.
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Entre ellos «reforzar los dispositivos de salud pública mediante la contratación de profesionales de epidemiología, medicina preventiva». Inversión en EPIs (equipos de protección), nuevas estrategias de la manos de expertos y el compromiso de alcanzar el 7% del PIB en inversión sanitaria también son aspectos que se recogen en el documento.
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250 MILLONES EN INVERSIÓN SANITARIA
728 EN CUATRO AÑOS EN INVERSIÓN SOCIAL PRIORITARIA
80 MILLONES EN INVERSIÓN PARA EMPLEO
25 MILLONES EN 'SOMOS CAMPO'
3 MILLONES EN AYUDA A EQUIPOS INFORMÁTICOS A DESFAVORECIDOS
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La 'Recuperación de la economía y el empleo' (apartado II) pasa por un amplio e indefinido catálogo general y sin cuantificar con previsiones para la promoción industrial, recuperación de empresas o colaboración con autónomos, todos ellos aspectos sin mayor concreción. Si acaso sí resalta el desarrollo del programa 'Somos del campo', un programa «que operará como fondo de contingencia para dar respuesta a la situación provocada por la crisis COVID-19» y que buscará «atender las nuevas situaciones de la cadena alimentaria». Un programa que tendrá una dotación de 25 millones de euros.
Aspectos estos a los que se suma el deseo de fortalecer la actividad empresarial, «mejorar la cadena de valor del sector de la automoción» o la apuesta por el comercio como sector estratégico.
La Protección Social (apartado III) estará marcad por la revisión del modelo de la atención residencial, aumentar «un 25% las plazas residenciales de responsabilidad pública en la presente legislatura», invertir en prestaciones sociales el ahorro de la Renta Garantizada de la Ciudadanía por el IMV y mantener las ayudas del alquiler.
Una de las partidas más amplias detalladas en el documento 'Pacto por la Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión Social en Castilla y León' aparece en el apartado IV (Funcionamiento de los Servicios Públicos). En ella se cita un Plan de Inversiones Sociales Prioritarias para el periodo 2021-25 por 728 millones de euros para planificar inversiones en infraestructuras y equipamientos de carácter sanitario, educativo y social.
Se adquiere el compromiso de instalar Centros Integrados de Formación Profesional (FP) en poblaciones rurales de tamaño medio, reducción de las tasas universitarias y tres millones de euros para familias en situación vulnerable, pero destinados a equipos informáticos y conexión a internet.
Todo ello acompañado de una nueva Ley de Ciencia y mejoras de tipo social y ecológico planteadas 'en bruto'.
En su último apartado (V, Castilla y León en la financiación, en la España autonómica y en la Unión Europea) el documento propone «construir un fondo extraordinario COVID-19 por un importe de 80 millones de euros (la mitad se transferirá de forma directa a corporaciones locales) con el fin de fomentar la actividad y el empleo de forma directa.
Todo ello arropado por medidas fiscales a determinar y por el compromiso de apoyar al Gobierno de España en sus reclamaciones ante Europa.
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, junto al vicepresidente, Francisco Igea, firman este miércoles el citado Pacto por la Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión Social en Castilla y León con el portavoz parlamentario del Partido Socialista, Luis Tudanca. El pacto ha sido cerrado por PP, PSOE y Cs y aún no cuenta con el respaldo del resto de formaciones políticas.
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