Marcos Martínez podrá tomar posesión como alcalde y ejercer la legislatura al recurrir al Supremo

Marcos Martínez podrá tomar posesión como alcalde de la localida de Cuadros y ejercer la legislatura que está a punto de iniciarse al recurrir al Tribunal Supremo la sentencia dictada por la Audiencia Nacional.

El auto, en el marco de la Operación Púnica, impone inhabilitación y será recurrido «de inmediato» por la defensa del alcalde. El recurso deja sin efecto la limitación a sus derechos laborales, que permanecen intactos, al igual que el del resto de los condenados (Pedro Vicente Sánchez y Manuel Jesús López Sánchez).

La Audiencia Nacional condenó a las penas de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación a cuatro de los seis acusados del caso Púnica León, en el que se investigaron los contratos de reputación online en esa Diputación Provincial. Uno de ellos es el expresidente de esa institución Marcos Martínez Barazón a quien el tribunal impone una pena de 8 años y medio de inhabilitación especial con la atenuante simple de dilaciones indebidas.

La Sala absuelve a todos ellos de los delitos continuados de fraude a la administración, falsificación en documento mercantil en concurso con malversación de caudales públicos y cohecho.

Según la sentencia las penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público van de los 4 años y 3 meses a los 8 años y medio en esta pieza de la Operación Púnica que se centró en la provincia de León.

Así, además de a Martínez Barazón, condena a quienes fueran coordinador general e interventor de la Diputación, Pedro Vicente Sánchez y Manuel Jesús López Sánchez, respectivamente.

Esa inhabilitación recae también sobre el conocido como conseguidor de la Púnica, el informático y consultor Alejandro de Pedro. La Sala le condena a la pena de 4 años y 3 meses de inhabilitación.

Sin embargo, la Sección Primera de la Sala de lo Penal absuelve a José Antonio Alonso Conesa, socio de De Pedro en las empresas Madiva y EICO, así como a la trabajadora de estas compañías Guadalupe Caballero. También exonera a ambas empresas del delito de cohecho.

Fue el pasado mes de febrero cuando este juicio, que se celebraba desde noviembre de 2022 por las presuntas corruptelas de la trama Púnica en los trabajos de reputación online para dirigentes de la Diputación de León y en los contratos de la estación de esquí de San Isidro, quedaba visto para sentencia.

De Martínez Barazón añade la Sala que si bien era probable que no tuviera conocimiento concreto de esas facturas, «ni quizás las haya visto o las haya tenido en sus manos», ello «no le priva de responsabilidad penal como último responsable de dicho organismo».

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