Marcos Martínez espera «una absolución total» tras el recurso al Supremo

«Ya están trabajando los abogados en ese recurso y esperamos obtener la inocencia total en el recurso», ha remarcado. Para el expresidente de la Diputación la sentencia es «agridulce» pero va en el camino de demostrar que «nada tuve que ver» en la causa.

En la sentencia, los magistrados de la Sección Primera de la Audiencia Nacional imponen una pena de ocho años y seis meses de inhabilitación especial con la atenuante simple de dilaciones indebidas a Martínez Barazón, así como a quienes fueran coordinador general e interventor de la Diputación, Pedro Vicente Sánchez y Manuel Jesús López Sánchez, respectivamente.

La Sala considera que no ha quedado acreditado que los servicios de reputación online ni de posicionamiento SEO realizados por EICO ONLINE se hubieran realizado en favor y en beneficio personal, ni de Isabel Carrasco, ni de su sucesor en la Presidencia de la Diputación, Marcos Martínez Barazón.

Para el Tribunal, tampoco ha quedado probado que las facturas giradas por MADIVA no correspondieran a trabajos efectivamente realizados, ni que no se hubieran prestado los servicios de publicidad institucional, ni que bajo el concepto que figuraba en las mismas (inserción de banners publicitarios Diputación de León) se hubieran satisfecho de forma encubierta trabajos de reputación personal o trabajos de asesoramiento político para los presidentes de la Diputación.

Tampoco ha quedado acreditado, según la sentencia, que tales trabajos se hubieran encargado a EICO ON LINE como contraprestación a que los acusados Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso Conesa, especialmente este último, influyeran de alguna forma en que dichos presidentes pudieran acceder a otros cargos públicos, bien dentro del partido político al que pertenecían, o bien dentro de la provincia de León o de la Comunidad Autónoma.

Sin embargo sí se estima probado que los encargados de la reputación, en connivencia con el acusado Marcos Martínez Barazón, presidente de la Diputación durante los meses de junio, julio y agosto y septiembre de 2014, llevaron a cabo un procedimiento administrativo irregular que se seguía en la Diputación de León para la adjudicación de la publicidad institucional.