Mandan a León otro '91.3', el preso que agredió brutalmente a tres funcionarios

«Es otro miura para torear», se ha advertido desde los sindicatos de prisiones quienes han recordado que pese a la capacitación oficial de Villahierro se trata de un centro «castigado por el tiempo», con funcionarios «con una media de edad muy elevada» y sin preparación práctica «para atender y resolver incidentes de riesgo».

Ouxama T. llega a León con el 'cartel' de ser el interno del centro penitenciario de A Lama que agredió brutalmente a tres funcionarios, según denunciaron los sindicatos con representación en esa prisión pontevedresa.

El incidente se produjo después de la cena cuando el recluso regresaba del módulo de Enfermería. Los funcionarios, que querían realizar un control preventivo, fueron agredidos de forma sorpresiva y golpeados violentamente.

Uno de los lesionados recibió «dos fuertes puñetazos en frente y nariz», mientras que otro fue agredido en la sien y en el lateral de la cabeza produciéndole un corte en la oreja. En cuanto al tercer, «lo golpea en la frente».

El recluso fue reducido con ayuda de dos jefes de servicio y otros funcionarios que se personaron en el lugar de los hechos. Fue trasladado «al departamento de aislamiento con gran dificultad», al tiempo que «los trabajadores tuvieron que ser derivados a un centro hospitalario tras recibir una primera atención médica en la enfermería del centro».

Ese incidente ha sido el que ha motivado su traslado y su internamiento en la cárcel de León. «Asumimos el riesgo de contar con un interno de estas características e insistimos en que no está la cárcel adecuada para ello», se ha remarcado de nuevo desde fuentes sindicales.

La preocupación de los representantes laborales es tal que ya se ha trasladado por escrito al subdelegado del Gobierno, Faustino Sánchez, la necesidad de reconsiderar el traslado de presos de estas características (91.3, máximo riesgo) a León.

Una posición que se repetirá el próximo lunes cuando los representantes de Acaip se citen presencialmente con el subdelegado con el fin de explicarle la «situación en la que se encuentra la cárcel de León y nuestra preocupación por los funcionarios que allí trabajan».

La diferencia entre un '91.3' y un '91.2' se encuentra principalmente en ese nivel de riesgo y en las restricciones que tienen, por ejemplo, a la hora de salir al patio. El primero apenas puede estar tres horas «en la calle» (en el patio) y exige una vigilancia extrema en el módulo de seguridad. El segundo tiene 4 horas de patio y «puede llegar a esa calificación de forma temporal, puede ser un chico que tiene una mala tarde y acaba con esa calificación, pero antes o después volverá a ser de segundo grado».

Para el sindicato Acaip «el problema en el caso de León es la inmediatez de la circunstancia. El centro no está preparado y antes de recibir este tipo de presos deberían acometerse la revisión de instalaciones y alarmas«.

En la actualidad Villahierro cuenta con 700 internos y 400 funcionarios de los 527 con los que debería contar según la relación de puestos de trabajo (RPT) oficial. Además, insiste Acaip, la media de edad se encuentra en términos muy elevados («por encima de los 50 años», se advierte).

Con esa edad y las actuales condiciones físicas es complicado y comprometido enfrentarse a presos de ese perfil: violentos, agresivos y despreocupados por el daño que puedan causar.

En los 'armarios de intervención' los funcionarios cuentan con trajes antidisturbios como los de la Policía Nacional, chalecos anticorte, cascos, defensas (porras) y guantes anticorte, además de escudos de intervención. Material que podría ser suficiente si los funcionarios tuvieran práctica en su uso y capacidad física para resistir las acometidas violentas en una intervención directa. «Y eso no ocurre», recuerdan.

En las últimas horas los sindicatos han presentado a la Subdelegación del Gobierno un escrito reclamando a Instituciones Penitenciarias que se revise la decisión tomada. En juego está, advierten, la vida de los propios funcionarios.