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La diferencia entre el '91.3' y el '91.2' se encuentra en su peligrosidad que deriva en horas de patio.
Un '91.3' en Villahierro

Un '91.3' en Villahierro

La prisión leonesa recibe a su primer preso de 'alto riesgo', un interno con tres condenas y cuatro agresiones a funcionarios e internos | Instituciones Penitenciarias revisa la ubicación de los presos más peligrosos y autoriza hasta 'ocho plazas' en León | Los funcionarios de Villahierro rechazan estos internos por la falta de estructuras en la cárcel y de capacitación física de los propios funcionarios

J. Calvo

León

Viernes, 7 de mayo 2021, 10:19

Por primera vez desde que fuera inaugurada en 1999 la prisión leonesa de Villahierro, ubicada en la localidad de Mansilla de las Mulas, ha recibido con carácter indefinido un preso calificado como '91.3'.

Dentro del régimen penitenciario se trata de los internos con mayor índice de peligrosidad, aquellos que se consideran inadaptados al sistema y que cuentan con incidentes reiterados (como media, uno a la semana).

Suelen ser tipos crueles, sin sentimientos, absolutamente desarraigados y que no tienen capacidad alguna ni para empatizar con el entorno ni para asumir su culpa y por extensión iniciar un camino hacia la reinserción.

«Son lo peor» y un segundo '93.1' en camino

«Son lo peor de lo peor dentro de las cárceles», admiten fuentes penitenciarias. La noticia de la reordenación de cupos para este tipo de internos fue conocida por los representantes sindicales de la cárcel de León este miércoles. Un día antes había llegado a la dirección un comunicado de la secretaría general de Instituciones Penitenciarias advirtiendo que Villahierro quedaba capacitada para recibir ocho presos de esta categoría.

El jueves entraba por el rastrillo interior el primer '91.3' de Villahierro con carácter indefinido (con anterioridad llegaron otros, pero de forma temporal, en tránsito o para juicios). Este preso de 'alto riesgo' es un interno con tres condenas diferentes, inadaptado, sin delitos de sangre, pero con agresiones a cuatro funcionarios e internos. «Un aperitivo», se asegura.

Será el primero pero la previsión es que en cuestión de «días, quizá de horas» pueda llegar el segundo. Y con cada inerno «de este pelo» la presión se multiplica.

Diferencias entre el '91.3' y el '91.2'

La diferencia entre un '91.3' y un '91.2' se encuentra principalmente en ese nivel de riesgo y en las restricciones que tienen, por ejemplo, a la hora de salir al patio. El primero apenas puede estar tres horas «en la calle» (en el patio) y exige una vigilancia extrema en el módulo de seguridad. El segundo tiene 4 horas de patido y «puede llegar a esa calificación de forma temporal, puede ser un chico que tiene una mala tarde y acaba con esa calificación, pero antes o después volverá a ser de segundo grado».

Para el sindicato Acaip «el problema en el caso de León es la inmediatez de la circunstancia. El centro no está preparado y antes de recibir este tipo de presos deberían acometerse la revisión de instalaciones y alarmas«.

En la actualidad Villahierro cuenta con 700 internos y 400 funcionarios de los 527 con los que debería contar según la relación de puestos de trabajo (RPT) oficial. Además, insiste Acaip, la media de edad se encuentra en términos muy elevados («por encima de los 50 años», se advierte).

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Equipos como la Policía Nacional

Con esa edad y las actuales condiciones físicas es complicado y comprometido enfrentarse a presos de ese perfil: violentos, agresivos y despreocupados por el daño que puedan causar.

En los 'armarios de intervención' los funcionarios cuentan con trajes antidisturbios como los de la Policía Nacional, chalecos anticorte, cascos, defensas (porras) y guantes anticorte, además de escudos de intervención. Material que podría ser suficiente si los funcionarios tuvieran práctica en su uso y capacidad física para resistir las acometidas violentas en una intervención directa. «Y eso no ocurre», recuerdan.

En las últimas horas los sindicatos han presentado a la Subdelegación del Gobierno un escrito reclamando a Instituciones Penitenciarias que se revise la decisión tomada. En juego está, advierten, la vida de los propios funcionarios.

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