Llevan a los Juzgados de León «irregularidades» en la gestión de un sindicato de guardias civiles

Guardias civiles de diferentes provincias españolas han presentado una denuncia formal en el Juzgado de Instrucción de León, ciudad donde está inscrita la asociación Jucil, contra el secretario general de dicha organización.

Diferentes exsecretarios señalan al líder del sindicato como posible autor de presuntos delitos de apropiación indebida, fraude, falsificación de documentos y administración desleal en la gestión de fondos de la asociación profesional de guardias civiles.

Según apuntan en su denuncia, se ha «utilizado dinero de la asociación» para gastos personales y se han alterado los registros contables. «Esto genera una profunda crisis en la entidad».

Entre las presuntas irregularidades que recogen se encontraría el uso de la tarjeta corporativa de Jucil «para cubrir gastos personales» que incluye un viaje a Sevilla en octubre de 2022 y un cargo de alojamiento por 515,47 euros. Dicho importe se registró como «reuniones», sin que los denunciantes tengan constancia de ningún encuentro oficial.

También ponen el foco en una compra de 20 euros en una joyería y que aparece en concepto de «manutención» o los 235,52 euros del pago en un restaurante de Madrid del que «no existe registro contable oficial, a pesar de que los asistentes habrían abonado la comida en metálico directamente al secretario general».

Otras causas que recoge la denuncia hablan de la «manipulación de los registros contables» o la «duplicación de gastos en repostajes y comidas», así como la «omisión de ciertos gastos» en los informes oficiales.

Este grupo de guardias civiles ha solicitado la apertura de diligencias al Juzgado de León y reclama una declaración del secretario general de Jucil, la entrega de libros contables y facturas entre 2022 y 2024 y una investigación sobre posibles cobros irregulares por parte del Comité Ejecutivo Nacional. También reclaman a la Dirección General de la Guardia Civil que certifique si el secretario general y resto de miembros han solicitado dietas con motivo de las comisiones de servicio en Madrid.

El colectivo denunciante solicita la adopción de medidas cautelares para evitar la posible destrucción de documentos o la manipulación de pruebas durante la instrucción del caso.

En diciembre de 2024, más de 20 secretarios provinciales exigieron la dimisión del comité nacional por «su falta de transparencia y la reforma estatutaria que blinda a la dirección».

Desde entonces hay un «fuerte conflicto» entre cúpula y bases que acabó con varias dimisiones y solicitud de análisis de cuentas, reclamando «transparencia y gestión responsable» a Jucil.

La vía judicial se toma después de que a finales de 2024 se pidiera «transparencia» por parte del ya exsecretario de comunicación de JUCIL y varios responsables provinciales que empezaron a ver un «patrón a la hora de proceder con ciertos gastos» por parte del responsable nacional de la formación, Ernesto Vilariño.

Lo que al principio tomaron como «algún error ocasional» parecía ser algo más común y se reclamaron las facturas sobre los gastos que aparecían en las notas.

El Comité Ejecutivo de JUCIL emplaza a todos al pasado 10 de marzo a una junta para presentar facturas y resolver dudas, pero antes de esa fecha llegan varios escritos, vía burofax, a siete secretarios provinciales y al secretario de comunicación, Agustín Leal: «Nos amenazan porque dicen que hemos filtrado información sensible y que se nos abre expediente de expulsión». Agustín, que ha dimitido de su cargo, y los otros expedientados no han podido acudir a esa reunión en la que según cuenta: «No se ha presentado nada. Es cuando nos decidimos a denunciar».

El escrito se presenta en León porque aunque JUCIL no tiene oficina, es aquí donde tienen la dirección de la sede social, que no es más que le de un despacho de abogados que lleva temas de la asociación. Los cargos por los que presentan la denuncia son apropiación indebida, fraude, falsificación de documentos y administración desleal.

Los denunciantes también critican que se han modificado muchas cuestiones para que el secretario general y el equipo directivo no pueda ser destituido. «Es una dictadura», reconoce Agustín Leal, que cifra en unos quince mil los socios de la plataforma, de los que serían necesarios «la mitad más uno para echar al actual equipo directivo».

Además, los miembros críticos al actual secretario general y su equipo, critican la «deriva partidista» en las gestiones y actuaciones de una organización que consideran debe ser apolítica e independiente. Entre los casos que señalan está el de la contratación de un bufete de abogados vinculado con el exconcejal del PSOE en Santander, Diego Sarabia; y la vinculación con varios miembros de Ciudadanos como los exdiputados Miguel Ángel Gutiérrez, o Pablo Yáñez, que intentó imponer a Silvia Clemente (ex del PP) como secretaria de la formación naranja en Castilla y León.

Ante las informaciones difundidas recientemente sobre la denuncia presentada por un grupo de exsecretarios provinciales de la Asociación Justicia para la Guardia Civil (Jucil) contra su secretario general, explican que el pasado 28 de febrero de 2025, la asociación presentó ante los Juzgados de Instrucción de León una querella contra varios secretarios y exsecretarios provinciales por la presunta comisión de los delitos de calumnias e injurias graves y revelación de secretos.

En esa misma fecha, el secretario general de Jucil, Ernesto Vilariño Correa, interpuso otra querella contra estas mismas personas, incluyendo además el presunto delito de coacciones.

El sindicato reafirma su «compromiso con la transparencia y el cumplimiento de la legalidad», y confía en que la justicia esclarecerá los hechos y restaurará «la honorabilidad de la asociación y de su secretario general». La labor de Jucil se centra en la defensa de los derechos y condiciones laborales de los miembros de la Guardia Civil, «y no permitirá que ataques infundados desvíen su objetivo principal».

La asociación seguirá informando a sus afiliados sobre cualquier novedad relevante en este proceso, siempre desde el respeto a las actuaciones judiciales en curso.

• Temas
• Guardia Civil