El constructor leonés Ulibarri confiesa sus delitos en la Gürtel

En esta causa se investiga la concesión irregular de contratos a cambio de pagos y, en el caso concreto de Ulibarri, el juez instructor concluyó que existen indicios de que pagó un millón de euros a la trama liderada por Francisco Correa para que el ayuntamiento, presionado por éste, concediera una parcela a una de sus empresas, UFC.

Por estos hechos la Fiscalía reclama siete años y un mes de cárcel al acusado por delitos de prevaricación, fraude a las administraciones públicas, tráfico de influencias, contra la Hacienda Pública y falsedad en documento mercantil.

El escrito remitido a la Audiencia Nacional señala de forma textual: «Nos mostramos conformes con la redacción de la conclusión del Ministerio Fiscal en todo aquello relacionado con la adjudicación a UFC de la parcela». La defensa de Ulibarri reclama que se le apliquen las atenuantes de confesión y reparación del daño, y que reduzca la petición inicial de siete años de cárcel a 19 meses. Ulibarri fue imputado también en los casos Púnica y Enredadera. En este último estuvo en prisión preventiva durante tres meses.

El movimiento procesal de Ulibarri llega después de los principales acusados dieran el paso de reconocer los hechos en esta pieza separada de 'Gürtel'. Por ahora en la lista está Francisco Correa, su número dos Pablo Crespo, el empresario José Luis Martínez Parra, vicepresidente de la constructora Teconsa, que reconoció que el líder de la trama medió para conseguirle adjudicaciones en administraciones del PP; y Alfonso Bosch, exdiputado del PP en la Asamblea de Madrid al que nombraron gerente de la empresa municipal de suelo de Boadilla y que admitió el cobro de comisiones.

Por ejemplo, en el escrito de Pablo Crespo, remitido en abril, reconoce que recibió 593.000 euros por intermediar en adjudicaciones públicas en favor de las constructoras Teconsa, Constructora Hispánica y UFC, la mercantil de Ulibarri.