El Juzgado de Badalona que centraliza el 'caso Enredadera' acuerda remitir pieza separada a León y Palencia

El auto de inhibición a favor de estos juzgados, que es definitivo tras haber resuelto la jueza los recursos interpuestos por los imputados, acuerda la remisión de la documentación incautada en los ayuntamientos de Cistérniga (Valladolid), Palencia, León, San Andrés de Rabanedo y Villaquilambre a los juzgados que corresponda en función de la competencia territorial, remitiéndose al escrito de la Fiscalía en cuanto a la posible tipificación de los delitos.

La Fiscalía califica los delitos cometidos en cada uno de estos ayuntamientos de prevaricación administrativa, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos o delitos de falsedad en documento público, oficial o mercantil.

El Coordinador de Izquierda Unida de Castilla y León, Juan Gascón, organización personada como acusación particular en las diligencias preliminares, asegura que van a seguir muy de cerca el desarrollo de estas investigaciones, pues los delitos de que se acusa son muy graves «y más si en los mismos están implicados cargos públicos».

La bautizada trama 'Enredadera' nace de una investigación respaldada por el Juzgado de Badalona, que ordenó los registros y quien firmó las órdenes que llevaron a la Policía ante un buen número de políticos, funcionarios y empresarios (entre ellos el leonés José Luis Ulibarri, dos directivos de Gespol-Valoriza y el empresario de Astorga Ángel Luis García, 'el Patatero', mano derecha en los negocios del primero de los empresarios citados).

El 2 de julio de 2018, el Juzgado de Badalona firmó medio centenar de órdenes de entradas y registros en diferentes sedes (desde León a Palencia, de Alcobendas a Fuenlabrada, de Oviedo, a Teruel y Vélez Málaga, pasando también por Parla, Pinto o Plasencia). Medio centenar de registros, coordinados desde Cataluña y la UDEF, y todos ejecutados el 3 de julio. Todo lo ocurrido en aquella jornada venía derivado de una investigación judicial que arrancaba en mayo de 2016 por las sospechas de un edil del PSC en Montgat (Barcelona), quien denunció amaños en contratos vinculados a equipos para semáforos, radares y telecomunicaciones.

Aquella denuncia despertó dos años de escuchas en los que se revelaron, a juicio de la autoridad judicial, una amplia red de corrupción municipal que incluía amaños de concursos, falsificación de informes sobre densidades de tráfico, uso de información privilegiada para desbancar a competidores y, finalmente, la tentación a los cargos públicos para que prevaricasen.

En el caso de Castilla y León, la provincia leonesa quedó desde aquel día 3 de julio bajo la lupa con registros en el ayuntamiento de la capital, San Andrés del Rabanedo, Villaquilambre, Astorga y Villarejo de Órbigo. El juez ordenó la detención de todos los alcaldes de estos municipios, salvo en la capital, y de dirigentes leoneses de Ciudadanos. También hubo registros en el Ayuntamiento de Palencia.

Casi de forma paralela se ordenaba el ingreso del empresario José Luis Ulibarri en la cárcel catalana de Brians, la misma a la que era enviado el también empresario maragato Ángel Luis García, 'El Patatero'.