León, que perderá 100.000 habitantes en 40 años, fuera de los incentivos fiscales a la despoblación

Las denominadas ayudas al funcionamiento para Soria, Cuenca y Teruel, provincias con problemas demográficos, ya forman parte del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023, al incorporarse una enmienda del Grupo Socialista al informe de la ponencia. Se trata de un paso previo a la aprobación del dictamen por la Comisión de Presupuestos y, en último lugar, por el pleno del Congreso de los Diputados y el Senado, según informaron a Ical fuentes del PSOE.

León se convertirá en los próximos 15 años en la segunda provincia del país que más población pierda. Además, en las últimas cuatro décadas se habrá dejado casi 100.000 habitantes, 84.000 de ellos solo en el siglo XXI, y cerca de 110.000 desde la entrada en el estado de las autonomías.

Sin embargo, el Gobierno de España limita las ayudas fiscales a tres provincias que cuentan a día de hoy con menor densidad de población: Soria, Teruel y Cuenca. Todas ellas ganarán habitantes de aquí al año 2037.

El calendario de las cuentas contempla que la próxima semana la Comisión de Presupuestos, ya en sesión pública, debate y vote el proyecto de ley del Gobierno, con las aportaciones hechas, y las enmiendas de la oposición para aprobar un dictamen, que será el que de discuta, junto a las propuestas vivas en el pleno del Congreso de los Diputados de la semana del 21 de noviembre.

Esta regulación, prevista para las tres provincias por tener una densidad demográfica inferior a los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, fue autorizada por la Comisión Europea el año pasado y se ajusta a las bonificaciones que anunció el pasado mes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Cámara Baja, tanto en las bonificaciones sobre las cotizaciones a la Seguridad Social, como en las cuotas reducidas para los autónomos.

De esta forma, los socialistas autoenmiendan las cuentas del Estado que presentó el gobierno de PSOE y Unidas Podemos y que se tramitan en las Cortes Generales. Fuentes socialistas explicaron que dado el «atasco legislativo», esta fórmula era la tramitación «más sencilla» para poner en marcha estas ayudas, que estarán listas en enero de 2023, si no se produce ningún contratiempo. Con ello, el Ejecutivo cuenta con el respaldo legal para su implantación.

Con ello, los PGE ya incorporan en su texto la enmienda registrada el pasado 28 de octubre y que añade una disposición adicional a las cuentas, en concreto, la octogésima primera bis. Así, se recogen las reducciones en las cuotas a la Seguridad Social para la contratación indefinida, a tiempo completo, parcial o para los fijos discontinuos de Soria, Cuenca o Teruel.

Así, establece que las empresas de las tres provincias tendrán derecho a una reducción en la cotización de un cinco por ciento de la aportación empresarial por contingencias comunes para los trabajadores con contrato indefinido que ya existan, mientras que será de un 15 para los de nueva contratación, porcentaje que se elevará hasta el 20 por ciento cuando las empresas se encuentren en municipios de menos de 1.000 habitantes.

En cuanto a los autónomos, los nuevos que se den de alta disfrutarán de una rebaja al tener que pagar una cuota única mensual de 80 euros durante tres años. Para ello, se indica que deberán causar alta el próximo año y no haber estado en esta situación los dos años inmediatamente anteriores. El resto no podrá acogerse a este régimen, pero sí los trabajadores que tengan a su cargo.

Estas ayudas al funcionamiento, que se justifican por «incentivar la actividad» en Soria, Cuenca y Teruel por su «despoblación, se financiarán con cargo a las aportaciones del Estado a los presupuestos de la Seguridad Social destinadas a financiar las reducciones en la cotización.

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