El Juzgado frena a Fundos y le niega el bloqueo de los inmuebles que reclama a Unicaja Banco

La decisión del juez, según han confirmado fuentes de Fundos, llega dentro de la «lógica judicial» y se alude en ella a la solvencia de la entidad de ahorro para asumir las consecuencias de la posible resolución judicial en el pleito principal, que tardará años en resolverse.

En el auto judicial, fechado el 12 de julio y al que ha tenido acceso leonoticias, se apunta igualmente que Fundos reconoce implicitamente la cesión de los bienes que ahora reclama («ya podemos decir, que es la propia parte actora, a falta de mayor probanza, quien admite las modificaciones contenidas a las escrituras de fechas 21 de febrero y 14 de noviembre de 2.014 anteriormente referidas y, por lo tanto, los bienes que formaban parte de su patrimonio, por lo que, «ab initio», con tal declaración, mal puede decirse que exista apariencia de buen derecho en orden a la acción ejercitada», asegura el auto).

Como ejemplo el auto cita tanto la titularidad de una propiedad en Zamora como la dilación en la presentación de la demanda. Así apunta que la «relación a la registral 57850 del Registro de la Propiedad no 1 de Zamora la misma se halla contenida tanto en el documento número tres anteriormente referenciado como en la escritura de subsanación de fecha 21 de Febrero de 2.014, con lo cual, en principio, atendiendo a la propia escritura de constitución de la actora en relación a su otorgan quinto antes reseñado la propiedad que se establecía como de su patrimonio de tal registral sería la que aparecía a la escritura de subsanación antedicha».

Todo ello, recuerda, sin que «sea controvertido por la demandada, de tal forma, que se estima, con base a lo anteriormente argumentado y la documental aportada, sin perjuicio de la probanza a realizar en el procedimiento, que no se acredita suficientemente la apariencia de buen derecho y, por consecuencia, no habrá lugar a la adopción de la medida cautelar interesada, añadiéndose, únicamente, que desde la declaración de los bienes que constituían su patrimonio a la escritura de constitución de la actora (15 de diciembre de 2.015) hasta la iniciación del presente procedimiento (27 de diciembre de 2.018) han transcurrido tres años«.

Los argumentos esgrimidos por el juez apuntan a que Fundos no ha sustentado de forma suficiente su reclamación de medidas cautelares advirtiendo, sin embargo, que la posición actual no resulta determinante en el pleito principal,

El juicio sobre este caso tuvo a modo de prólogo el pasado 5 de julio la vista en el citado juzgado donde Fundos reclamó al titular la toma de medidas cautelares sobre inmuebles que considera de su propiedad pero hoy inscritos como bienes de Unicaja Banco. Todo ello en el marco de un millonario litigio abierto por la primera en un proceso de reclamación abierto para solicitar bienes muebles e inmuebles, que incluyen obras de arte y edificaciones, por un valor que ronda los cien millones de euros.

El primer paso de este complejo procedimiento, cuyo desarrollo se extenderá al menos hasta 2022, sirvió entonces para escenificar las notables diferencias que separan a las partes.

Hasta la sala de este juzgado, que a finales del pasado mes de junio se declaró competente para el caso (pese a las alegaciones iniciales de Unicaja Blanco que pretendía su traslado al Mercantil), llegó en esta ocasión la solicitud de medidas cautelares por parte de la demandante representada legalmente por el abogado y eurodiputado de VOX, Jorge Buxadé.

Para la Fundos era preceptivo en la antesala al inicio de la causa la aplicación de medidas cautelares, en las que se ha ratificado, sobre un total de 33 inmuebles advirtiendo que es las mismas deben «paliar posibles consecuencias negativas» atendiendo a la «ineludible duración de todo el proceso judicial».

Fundos mantenía que especialmente en esos 33 inmuebles, situados en provincias como Madrid, León, Zamora o Salamanca, se verían «en riesgo de ir a terceros» de no aplicarse medidas de tipo cautelar, un argumento que ahora rechaza el juez.

«No es posible la sustitución por otra medida», ha llegado a advertir el letrado de la parte demandante insistiendo en que se trata de la medida «más proporcionada y menos gravosa». Todo ello advirtiendo que de forma ilegítima tuvo lugar la elaboración de unas «escrituras de subsanación» donde se corregía a favor de la entidad de ahorro la inicial «escritura de segregación».

Fue entonces cuando, a juicio de Fundos, tuvo lugar «una alteración del patrimonio segregado« mediante un documento rubricado por quien carecía de poder legal para ejercer tal función, en este caso José Manuel Corral entonces con cargo de director general.

Como ejemplo de la necesidad de medidas cautelares se ha citado de forma expresa la Casa Lonja Carnicerías de León, el inmueble ubicado en Marqués de Villamagna de Madrid, la sala exposición Caja Duero de Valladolid, el centro cultural la Marina de Zamora o la sala Santa Clara de Zamora, entre otros no citados en el acto.

Frente a la posición de la demandante, Unicaja Banco a través de su representación legal remarcó en la sala que «no concurre ningún presupuesto» que avale las medidas cautelares sobre estos inmuebles, advirtiendo que la medida no sería proporcionada máxime cuando «la Fundación quiere alterar una situación de hecho».

Unicaja acusó a Fundos de «transgiversar y silenciar» aspectos clave de la demanda y remarcó que el acta de segregación es clara en el reparto inicial de bienes y que existe legitimidad por parte del director general de la fundación en su momento para rubricar las denominadas 'actas de subsanación' (las mismas que sirvieron para remarcar la separación de bienes «pero siempre favoreciendo a Unicaja y laminando el patrimonio de Fundos», se ha insistido desde la acusación).

Fijada esta primera posición Fundos y Unicaja se preparan para un largo y complejo procedimiento judicial que incluirá en su fase procesal una reclamación de bienes que en su conjunto superará los cien millones de euros y que incluirá 621 cuadros, 1.842 dibujos y seis libros ilustrados de Zacarías González además de esa treintena de inmuebles, entre ellos la sede cultural de Caja España en León, una parcela de 38.000 metros cuadrados en la sede social del edificio de El Portillo, e inmuebles en Palencia, Valladolid y Zamora, entre otras provincias, incluyendo un teatro en Salamanca.