Fundos y Unicaja chocan en el primer 'cara a cara' del millonario juicio por la titularidad de bienes y discrepan de las medidas cautelares

El primer paso de este complejo procedimiento, cuyo desarrollo se extenderá al menos hasta 2022, ha servido para escenificar las notables diferencias que separan a las partes.

Hasta la sala de este juzgado, que a finales del pasado mes de junio se declaró competente para el caso (pese a las alegaciones iniciales de Unicaja Blanco que pretendía su traslado al Mercantil), ha llegado en esta ocasión la solicitud de medidas cautelares por parte de la demandante representada legalmente por el abogado y eurodiputado de VOX, Jorge Buxadé.

Para la Fundos es preceptivo en la antesala al inicio de la causa la aplicación de medidas cautelares, en las que se ha ratificado, sobre un total de 33 inmuebles advirtiendo que es las mismas deben «paliar posibles consecuencias negativas» atendiendo a la «ineludible duración de todo el proceso judicial».

Fundos mantiene que especialmente en esos 33 inmuebles, situados en provincias como Madrid, León, Zamora o Salamanca, se verían «en riesgo de ir a terceros» de no aplicarse medidas de tipo cautelar.

«No es posible la sustitución por otra medida», ha llegado a advertir el letrado de la parte demandante insistiendo en que se trata de la medida «más proporcionada y menos gravosa». Todo ello advirtiendo que de forma ilegítima tuvo lugar la elaboración de unas «escrituras de subsanación» donde se corregía a favor de la entidad de ahorro la inicial «escritura de segregación».

Fue entonces cuando, a juicio de Fundos, tuvo lugar «una alteración del patrimonio segregado« mediante un documento rubricado por quien carecía de poder legal para ejercer tal función, en este caso José Manuel Corral entonces con cargo de director general.

Como ejemplo de la necesidad de medidas cautelares se ha citado de forma expresa la Casa Lonja Carnicerías de León, el inmueble ubicado en Marqués de Villamagna de Madrid, la sala exposición Caja Duero de Valladolid, el centro cultural la Marina de Zamora o la sala Santa Clara de Zamora, entre otros no citados en el acto.

De ahí que se haya insistido en la necesidad de aplicar medidas de tipo cautelar a la vez que se ha remarcado que no es la primera ocasión en la que Unicaja ofrece para su venta inmuebles hoy bajo la lupa judicial por este caso.

Frente a la posición de la demandante, Unicaja Banco a través de su representación legal ha remarcado que «no concurre ningún presupuesto» que avale las medidas cautelares sobre estos inmuebles, advirtiendo que la medida no sería proporcionada máxime cuando «la Fundación quiere alterar una situación de hecho».

En su intervención el letrado de la defensa ha remarcado que se piden cautelares para inmuebles de varias plantas que la Fundación -y sí ha sido un reconocimiento expreso- utilizaba en proporcionares notablemente inferiores.

De este modo se ha reconocido literalmente que en los inmuebles de Santa Clara de Zamora y Carnicerías de León, de cuatro y dos plantas respectivamente, Fundos mantenía actividad en espacios de 700 y 350 metros cuadrados.

De ahí que se considere, desde su punto de vista, aplicar medidas que podrían ser gravosas para la entidad de ahorro cuando existen garantías para poder acometer cualquier sentencia posterior.

Unicaja ha acusado a Fundos de «transgiversar y silenciar» aspectos clave de la demanda y ha remarcado que el acta de segregación es clara en el reparto inicial de bienes y que existe legitimidad por parte del director general de la fundación en su momento para rubricar las denominadas 'actas de subsanación' (las mismas que sirvieron para remarcar la separación de bienes «pero siempre favoreciendo a Unicaja y laminando el patrimonio de Fundos», se ha insistido desde la acusación).

Para el banco es «notorio» que los inmuebles ahora reclamaciones son propiedad de Unicaja y que no existe legitimidad para exigir los mismos por parte de Fundos, haciendo constatar que estos inmuebles ya formaban parte del balance de Ceiss, la entidad que más tarde terminó siendo adquirida por Unicaja.

De este modo se ha instado al titular del juzgado a que no se impongan medidas cautelares, si acaso una mínima provisión de fondos de ínfima representación sobre el montante global, pero acorde con la realidad del juicio según la demandada.

Tras escuchar a las partes la vista ha quedado resuelta para sentencia que se conocerá en las próximas semanas.

Fijada esta primera posición Fundos y Unicaja se preparan para un largo y complejo procedimiento judicial que incluirá en su fase procesal una reclamación de bienes que en su conjunto superará los cien millones de euros y que incluirá 621 cuadros, 1.842 dibujos y seis libros ilustrados de Zacarías González además de esa treintena de inmuebles, entre ellos la sede cultural de Caja España en León, una parcela de 38.000 metros cuadrados en la sede social del edificio de El Portillo, e inmuebles en Palencia, Valladolid y Zamora, entre otras provincias, incluyendo un teatro en Salamanca.