El Gobierno no tiene «ningún estudio» para rescatar la autopista León-Campomanes

El Gobierno no está por la labor de que los leoneses dejen de pagar cada vez que quieran ir a Asturias por la autopista que conecta ambas provincias. La prórroga aprobada con el último gobierno del Partido Popular, que prorrogaba hasta 2050 la concesión a Aucalsa, tiene el apoyo del Partido Socialista desde que tomó las riendas del Ejecutivo.

Ello se deduce de la última respuesta que el Ministerio de Transportes daba a la pregunta de cuánto costaría rescatar la AP-66 (León-Campomanes), que a su concesionaria le reportará unos ingresos de 2.000 millones durante los próximos años.

Los parlamentarios del PP de Asturias lanzaron la pregunta a Óscar Puente y requirieron «copia y acceso completo» al último estudio obrante sobre la eliminación del peaje de la autopista del Huerna, incluidos los costes del rescate.

La respuesta ministerial fue contundente: «No se dispone de ningún estudio sobre el rescate de la autopista de peaje AP-66». Posteriormente, según ha tenido constancia El Comercio, la declaración se refiere «a que no se ha encargado un estudio externo, lo que no implica que no se hayan hecho estimaciones internas», sentencian sin concretar más cuestiones.

La prórroga de la concesión dictada por el gobierno de José María Aznar para ampliar el pago hasta 2050 encontraba hace unos meses la posición contraria de la Comisión Europea, que abría un expediente de infracción contra el Reino de España por irregularidades en esta medida.

Bruselas apuntó a que este nuevo contrato se hizo vulnerando la legislación y sin respetar las exigencias de la Unión Europea, incluyendo la falta de publicidad en el boletín oficial para facilitar la concurrencia de otras empresas de diferentes países.

Ello provocó un pronunciamiento de las Cortes de Castilla y León que, por unanimidad y a propuesta de UPL, instaron al Gobierno al rescate de la AP-66. Una situación similar a la que se ha avanzado con la AP-9 en la comunidad de Galicia. En base a esta vía gallega, se cifró en 4.000 millones de euros el coste de eliminar un peaje en España.

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