Los exconsejeros evitaron que Caja España entrase en situación concursal y piden el archivo de la causa

Porque no hacerlo, han asegurado, hubiese implicado llevar a la Caja a una situación concursal, dado que eran varios los casos de empresarios en la misma situación con cantidades muy importantes pendientes de pago.

Así lo ha remarcado a la salida de los juzgados el catedrático de la Facultad de Económicas de la Universidad de Valladolid, Zenón Jiménez-Ridruejo, quien respondió a todas las partes y justificó detalladamente sus consideraciones.

“Si no aprobábamos las renovaciones de todos los grupos inmobiliarios, y para mí, el de Santos Llamas era uno más, la alternativa era que Caja España en 2009 hubiera podido tener pérdidas y podía haber entrado en concurso de acreedores; y eso es radicalmente mucho más dramático y mucho más costoso en términos económicos y sociales que la posibilidad de que a lo largo del tiempo hubiera habido alguna consecuencia de riesgo en alguna operación del grupo Santos Llamas”, explicó.

La Fiscalía sostiene que la refinanciación de préstamos a Llamas entre 2009 y 2012 generó un perjuicio económico de casi 60 millones, mientras los investigados reiteran que la opción alternativa hubiese sido peor.

“Con una crisis terrible en lo financiero y en lo económico, sostener la Caja, mantener los puestos de trabajo -se salvaguardaron 2.000-, garantizar la estabilidad del sistema financiero de Castilla y León, que las empresas del sector siguieran con su actividad normal, pudo más y fue mucho más importante a la hora de tomar la decisión. Y la tomamos con fundamento, con estudio, con serenidad, con rigor y sin contar para nada quién era el presidente”, sostuvo.

“Si me permite la broma, no estaba entre los santos de mi devoción”, dijo sobre Santos Llamas, antes de mostrarse partidario de reclamar en el caso la presencia de “los auténticos inspectores que había en Caja España en aquel momento, no otros que vinieron luego y los equipos directivos para que corroboren mi opinión de que las operaciones del grupo Santos Llamas, económicamente y financieramente estaban bien fundadas”.

Cuatro de los investigados, Marcos García González, Zenón Jiménez-Ridruejo Ayuso, María Begoña Núñez Diez y María Olga Palacio García, han detallado durante una “extensa y explícita” declaración las condiciones, las operaciones y los devenires de la Caja así como los requerimientos del Banco de España.

Asimismo, según aseguró su letrada Francisca Cobo, ha remarcado que solo se limitaban a dar luz verde aquellas operaciones avaladas por informes técnicos favorables sino que estudiaban de manera individualizada cada caso, las operaciones, los documentos, los baremos, los balances de las empresas, a través de un grupo de trabajocompuesto por sus cuatro representados.

Por todo ello, Cobos ha asegurado que solicitará el archivo de la cacusa al remarcar que sus clientes no han incurrido en ninguna ilegalidad ni irregularidad, como así lo avalaron en su día desde el Banco de España.

“La acusación no ha estudiado lo acontecido porque varios funcionarios del Banco de España incurren en varios errores, dado que desde el ente no habían notificado la existencia de irregularidades hasta que el fiscal solicita el informe”, remarcó Cobos,

El quinto en declarar fue el secretario provincial de Asaja, José Antonio Turrado, que también defendió que el Consejo de Administración actuó de la forma más razonable posible, para evitar un proceso concursal y siempre pensado en lo mejor para Caja España

“Hicimos lo correcto y tomamos la decisión más acertada para los intereses de la Caja y para mantener la actividad económica en ésa empresa y otras tantas en situaciones similares”, remarcó Turrado, que advirtió que jamás hubo interés alguno de beneficiar a alguien, y menos al presidente.

“No se nos había tomado declaración nunca, todas las declaraciones van todas en la misma línea y si hasta ahora creíamos que había motivos para archivar la causa ahora hay más motivos que nunca. Creemos que sería razonable”, concluyó Turrado.

Por su parte, la exconcejala del PSOE en Palencia, Begoña Núñez, aseguró que siempre miró “única y exclusivamente por los intereses de la caja. Toda la operación contó con toda la legalidad, cumplió toda la normativa, tanto interna como del Banco de España, era una novación (sustitución de una obligación por otra otorgada, de modo que la primera queda anulada) viable y una de las muchísimas que se veían en esa época”. Actuó, recalcó, “por el bien de la caja; nunca para que Santos Llamas fuera o dejara de ser presidente de la Caja”.

La letrada de Izquierda Unida, formación que presentó la querella que dio pie al caso, Ana Peñalosa, comentó que les llama la atención que, al contrario de lo manifestado por el exalcalde socialista de León, Francisco Fernández, Jiménez Ridruejo señalase que él estudiaba profundamente los informes de los técnicos y de los documentos y en base a ello emitía su voto.

“Había posibilidad de estudiar uno mismo y emitir el voto conforme a la opinión propia”, dijo. También llamó la atención sobre el hecho de que “la querella va dirigida a eso”, de que no se tratase de forma igual a los particulares -contra quienes se llevaron a cabo desahucios- que a los empresarios.