Empleados públicos se concentran en León y piden una mejora salarial

Decenas de leoneses se han concentrado la mañana de este lunes 16 de diciembre a las puertas de la subdelegación del gobierno para pedir mejoras salariales y sumarse al resto de concentraciones de la comunidad para exigir al Gobierno que desbloquee la negociación colectiva de las condiciones laborales que afectan a las/os empleados públicos en diferentes ámbitos (salarial, empleo público, condiciones de jubilación, jornada, teletrabajo, entre otros), convocados por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas.

Las movilizaciones, de forma nacional, se han producido frente al Ministerio de Hacienda en Madrid, y en las subdelegaciones de Gobierno de todas las provincias del país. Y es que desde que se constituyó el Gobierno, en noviembre de 2023, no se ha convocado la Mesa General de las Administraciones Públicas para negociar estas cuestiones.

CSIF considera «urgente» negociar la subida salarial del próximo año, un nuevo acuerdo salarial (el actual caduca a final de año y ya ha provocado una pérdida de poder adquisitivo del 6 por ciento desde 2022), así como la oferta de empleo público para 2025, teniendo en cuenta que el Gobierno ha sido incapaz de sacar adelante unos Presupuestos Generales del Estado.

Por otra parte, también en materia de retribuciones, el Tribunal Constitucional ha admitido un recurso de amparo presentado por CSIF contra la decisión de la mesa del Congreso de los Diputados que mediante acuerdo de 16 de mayo de 2023 rechazó tramitar una Iniciativa Legislativa Popular impulsada por CSIF para que las/os empleados públicos recuperen la estructura salarial previa los recortes de Zapatero en 2010.

El alto tribunal, mediante providencia de 2 diciembre de 2024 acuerda su admisión a trámite ya que en este caso «concurre una especial trascendencia constitucional porque el asunto suscitado trasciende del caso concreto y pudiera tener unas consecuencias políticas generales» y requiere a la Presidenta del Congreso para que en el plazo máximo de 10 días remita al Tribunal certificación del expediente.

Estos recortes que siguen en vigor desde 2010 supone que los empleados públicos en esta última década hatan trabajado entre 13 y 18 meses «gratis», en función de los Grupo Profesional al que pertenezcan. Esta situación se suma a la pérdida global del 20 por ciento del poder adquisitivo desde la bajada salarial de 2010.

Según un reciente estudio elaborado por CSIF, los empleados públicos de AGE cobran de media 8.000 euros menos al año que los trabajadores de CCAA y ayuntamientos por el mismo trabajo. Esta cifra es la media de las desigualdades retributivas que padecen los funcionarios (8.690 euros menos anuales de media) y el personal laboral (7.380 euros menos).

Para corregir estas desigualdades retributivas en la Administración General del Estado es necesario una dotación de fondos adicionales que fijamos en 1.487 millones, repartidos entre 2025, 2026 y 2027, hasta lograr la igualdad salarial plena en 2028.

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