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Con una hora de retraso sobre el horario previsto la sala de la Audiencia Nacional ha recuperado este viernes una nueva sesión del juicio sobre la trama Púnica y sus derivadas en León. En el turno de declaraciones le ha correspondido testimonio a Rafael Benito ... y Benítez de Lugo, interventor general de la Diputación Provincial de León desde el 1 julio de 1996 hasta el 31 de julio de 2009 en el que fue cesado por Isabel Carrasco. Más tarde, en 2016, recuperó ese puesto en la institución provincial.
Durante su declaración ha remarcado que fue cesado por Isabel Carrasco como consecuencia «de la diferencia de pareceres que tenía con la presidenta». «La discrepancia es que no existía un aparato administrativo que amparase ese servicio de Presidencia», ha recordado, al mismo tiempo que fue delegado a «vicetesorero adjunto de la Diputación fuera del servicio de intervención».
El sucesor de Rafael Benito fue Jesús López 'Suso', quien se encargó desde entonces de supervisar las acciones a nivel de gastos dentro de la institución provincial.
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Durante su testimonio ha quedado patente la forma parcial con la que Isabel Carrasco, entonces presidenta, realizaba la distribución de la publicidad. En concreto él ha discrepado de la fórmula que se aplicaba por parte de la presidenta para estos pagos, advirtiendo que se realizaban pagos periódicos superiores a un año de una forma no acorde con la normativa. «Deberían haber ido a un reconocimiento extrajudicial», ha asegurado.
Igualmente ha recordado que en esa secuencia de pagos no regularos se encontraban los periódicos 'zombies' de la Púnica, además de otros muchos pagos esencialmente correspondientes a la prensa local.
A lo largo de su declaración Rafael Benito ha evidenciado que los pagos realizados por la Diputación, entonces con Isabel Carrasco al frente, eran irregulares provocando lo que la Fiscalía ha denominado como un «enriquecimiento injusto» de la administración.
Igualmente ha recordado en sala que los gastos de publicidad en su época se atribuía al equipo de gobierno entonces de Isabel Carrasco y ha advertido que era complicado comprobar la prestación de servicios en los casos de la publicidad. «Sí» ha asegurado al asegurar que la publicidad en medios dependía de Presidencia directamente.
Carrasco, durante su ejercicio como presidenta, siempre concedió pagos a medios de forma personal y directa y los mantenía o no en función del trato que se daba a su persona. Ese procedimiento, irregular y fuera de cualquier procedimiento de la Administración, es el que se mantuvo a los medios de la Púnica que replicaban sus noticias con 'motores digitales'.
Durante la declaración se ha apuntado además que los pagos de publicidad se mantuvieron en el tiempo por encima de lo que cualquier norma de la propia Administración concibe.
Con posterioridad ha prestado declaración Diego Armesto Vega, interventor adjunto en colaboración con el interventor general, entonces Manuel Jesús López 'Suso'.
Durante su testifical ha recordado que los procedimientos publicitarios extendidos en el tiempo no serían los correctos y ha admitido que había pagos, entre otros, a los medios de los que eran titulares los imputados en el caso Púnica.
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