El debate móviles y menores llega a Castilla y León: «Comunión y móvil no es un regalo»

Un debate cada vez más grande se está instalando en la sociedad y ha llegado a toda Castilla y León. La pregunta es «¿qué hacer con los móviles?» cuando sus usuarios son menores de edad, una duda que asalta a miles de padres y que llega procedente de las aulas. Profesores y padres de alumnos exigen una regulación a las instituciones, que sea clara a nivel educativo, mientras se empieza a dudar de la idoneidad del uso de determinadas tecnologías para el aprendizaje en las aulas.

En el ámbito escolar es donde hace años que tablets y otros dispositivos se están utilizando para aprender. La regulación sobre su uso en Castilla y León deja la última palabra a los centros, con lo que es dispar y lo que vale en un sitio puede no servir en otro, lo que genera una contradicción: prohibir aparatos cuyo uso en el aula no sólo es habitual, sino que ha sido considerado un avance y un signo de una mejor educación.

Eso saltó por los aires a finales del curso pasado cuando países en la vanguardia educativa empezaron a dar marcha atrás en el uso de pantallas en los colegios ante las evidencias sobre su efecto pernicioso. «Se ha trabajado mucho en las competencias TIC y digitales tras la pandemia y los centros también tienen que acreditar que las usan. Hay una carrera por demostrar que las utilizamos», asegura Soledad Alegre, presidenta de Fedampa, las asociaciones de padres de alumnos de la comunidad, sobre la contradicción que supone haber consagrado las pantallas como imprescindibles en las aulas.

Alegre, que también es profesora, reconoce que el «run-run» sobre la edad adecuada para entregar un móvil a un menor «lleva tiempo sonando y cada vez lo hace más». «Lo estamos viendo ya en los centros y nos estamos asustando», afirma. Por ello, pide «regular su uso en los colegios y su empleo a nivel educativo, porque ¿eres mejor profesor por usar móviles o no?». Una controversia clave en el papel de los móviles en los colegios.

Según la presidenta de las Ampas, «desde el punto de vista de las familias cada vez existe una mayor concienciación de que hay un problema y que no podemos permitir que tengan dispositivos móviles a determinadas edades». Pide incluso que se actúe a nivel institucional y se regule, «no puede ser que quede solo a decisión de las familias» y que las familias sea conciencien de que «comunión y móvil no es un regalo».

En este sentido, la posibilidad de usar móviles en las aulas no está del todo clara. Según fuentes de la consejería de Educación, en Castilla y León no está permitido el uso de los dispositivos en las aulas a excepción de su uso educativo y supervisado por el docente. Son las programaciones didácticas y las programaciones de aula las que regulan el uso pedagógico de estos dispositivos, aseguran.

Además, siempre según la consejería, gracias a un decreto propio de Castilla y León los centros pueden evitar el mal uso con los Planes de Convivencia y los Reglamentos de Régimen Interior. Son los centros, a través de esas normas, los que deciden cuándo se utilizan dispositivos digitales como recurso metodológico para el aprendizaje.

Según Soledad Alegre, presidenta de la Confederación autonómica de federaciones de AMPAs, la realidad es otra porque «desde la consejería no hay nada regulado» y «dentro de cada centro el uso del móvil ha sido una batalla», donde algunos lo han dejado llevar y luego los requisan y otros colegios los prohíben.

Eso supone que, en realidad, es cada centro el que decide qué se hace con los móviles, cuándo se quitan, cómo se guardan... Mariano Prieto, de CSIF, apunta que para esta materia los centros tienen el reglamento de régimen interior. «En principio es ahí donde queda establecido cómo se puede utilizar el móvil o en su caso que no se utilice de ninguna forma», explica. Según prieto, «debería haber una norma por lo menos básica para evitar incidentes tanto con los alumnos como con los padres».

Esto otorga una autonomía a los centros, pero no contribuye a aclarar la situación porque hay profesores que utilizan las TIC y otros que no y existe disparidad de criterios, aunque ha existido cierta tendencia a favorecer su incorporación.

Esa es una de las claves, que los móviles y otros dispositivos con posibilidad de conexión ya están en las aulas. «Lo que sí está regulado es que el profesorado trabaja con unas metodologías y eso es una contradicción, el móvil no se puede llevar porque implica distracciones, pero lo usamos como recurso didáctico», explica la presidenta de las asociaciones de padres de alumnos que considera que es necesario regular ya su presencia y uso, tanto para meterlos en clase como su empleo como recurso educativo.

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