La comisión empezará antes del 15 de noviembre, será pública y sin retribución política

El acuerdo adoptado entre los partidos con representación en el Ayuntamiento de León para celebrar esta comisión informativa especial se ha marcado como objeto investigar y estudiar las circunstancias de la filtración del examen y depurar responsabilidades de quienes hayan tenido implicación en la irregularidad.

El proceso contará con concejales de todos los grupos en número proporcional al total de ediles: cuatro PSOE, tres PP, uno CS, 1 UPL y Nicanor Pastrana. Los miembros han declinado recibir retribución alguna por la asistencia a las sesiones que se celebren. Todos tendrán derecho a asistir con voz y voto.

La fecha de la sesión constitutiva se fijará antes del 15 de noviembre. En dicha cita se elaborará un plan de trabajo fijando sus actuaciones, plazos, expedientes a solicitar y listado de intervinientes, con un máximo de tres declaraciones por sesión. La presidencia recaerá en el alcalde, que se compromete a delegarla en un concejal de la oposición. La secretaría será para la secretaría general del Ayuntamiento o en quien ésta delegue.

Cualquier autoridad o empleado del Ayuntamiento, o persona física externa a la institución, podrá ser llamada a comparecer para aclarar las preguntas que se planteen. La notificación debe ser con tres días hábiles de antelación y podrán ir acompañados. Las sesiones se emitirán por streaming desde los canales municipales oficiales.

La comisión finalizará automáticamente una vez se haya dictaminado e informado del asunto. Las conclusiones se harán públicas.

La polémica comenzó el pasado 18 de junio de 2022 en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de León. Allí se celebró la prueba del proceso selectivo para constituir una bolsa de trabajo para la contratación de personal laboral temporal como ordenanza en el Ayuntamiento de León.

Una vez realizado el examen, el tribunal de selección dejó sin efecto la prueba y las notas provisionales de los 254 aspirantes tras reconocer que hubo «pleno convencimiento de que se ha podido filtrar el examen» a raíz de los resultados de la prueba «y los indicios señalados por una aspirante».

La situación ha acabado en la vía judicial tras la denuncia ante la Policía Nacional de una aspirante afectada, además de la entrega de otra denuncia en el registro municipal.