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En base a los artículos 2 y 143 de la Constitución, León, como región histórica en la integración de España, contaría con el derecho a constituirse como nueva comunidad autónoma. En el artículo 2 se reconoce y garantiza «el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran». A ello se sumaría el 143, que explica cómo las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, y las provincias con entidad regional histórica, podrán acceder al autogobierno y constituirse como comunidades autónomas. La objeción la hace el abogado Nicolás Bartolomé, que cree que «más que apoyar la creación de nuevas autonomías viene a garantizar la estabilidad de las existentes». Aunque apunta que la Carta Magna «no cierra el mapa autonómico» y no haría falta su reforma para incluir a la región leonesa.
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Existe una vía larga que partiría de la propia Constitución y que habla de cómo la iniciativa del proceso autonómico corresponde a las diputaciones interesadas y a las dos terceras partes de los municipios cuya población represente, al menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia. Estos requisitos deben cumplirse en seis meses.
Y luego está la vía corta y que se ajusta más a la situación leonesa. La clave pasaría por una reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León y después llevar el debate a las Cortes Generales para que lo refrenden en una Ley Orgánica, amparándose para ello en el artículo 81 de la Constitución. También cabe la posibilidad de que sea el Congreso quien promueva la iniciativa a instancia del presidente del Gobierno y una posterior aprobación en referéndum.
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Muchas veces se ha hablado de la posibilidad de que sea el pueblo leonés el que decida su futuro mediante referéndum. Este mecanismo, sin embargo, no ha sido muy utilizado en el país durante la etapa constitucional. Apelando al artículo 92.1 de la Constitución se regula cómo las decisiones políticas de especial trascendencia así deben atenderse. Sin embargo, el ordenamiento jurídico no prevé este modelo para iniciar un proceso autonómico. En el caso de que el presidente del Gobierno lo convocara generaría una intromisión en competencias autonómicas al establecer de facto una reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, algo que solo pueden hacer las Cortes de Castilla y León.
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La última moción, aprobada por la Diputación de León, ha contado con el respaldo del Partido Socialista y Unión del Pueblo Leonés, siendo rechazada por el Partido Popular y Vox. Sin embargo, en el periplo de cuatro años y medio desde que se aprobó la primera moción concejales de todos los partidos han dado el visto bueno a la iniciativa. Ha sido un movimiento que en reiteradas ocasiones se ha calificado de «transversal» por ir más allá de siglas políticas.
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Si acudimos al origen, el PCE y el PSOE fueron los artífices de que León acabara dentro de la comunidad; mientras que la CDU tuvo dudas de la decisión y Alianza Popular -germen del Partido Popular- estuvieron en contra y abogaron por un León solo llegando a llevar la decisión al Tribunal Constitucional.
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El proceso constituyente leonés debería continuar por los trámites previstos en el artículo 146 del texto constitucional con la elaboración de un Estatuto de la Comunidad Autónoma Leonesa por una asamblea compuesta por los diputados provinciales, los diputados y senadores de las provincias leonesas, para su ulterior remisión a las Cortes Generales para su preceptiva tramitación como Ley Orgánica, y donde debería establecerse conforme al artículo 147 de la Constitución esta nueva comunidad.
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Un informe elaborado por Iniciativa Autonómica Leonesa, a través de un grupo técnico participado por Julio Lago, Santiago Asenjo, Javier Callado y José Luis Prieto, ha tomado como referencia el presupuesto autonómico de tres años para apuntar que a León le correspondería el 19,2%. Actualmente la Junta de Castilla y León destina 1.100 millones cuando le corresponderían 2.000 millones por población. En el presupuesto territorializado, se estima que El Bierzo gestionaría en torno a 500 millones de euros.
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La propuesta de Iniciativa Autonómica Leonesa, que se ha presentado en diferentes administraciones, y que tiene en cuanto una nueva comunidad leonesa uniprovincial, repartiría a León en dos distritos: León y Ponferrada.
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El poder legislativo estaría representado en un parlamento autonómico -con sede en León- al que le correspondería entre 30 y 34 parlamentarios -uno por cada 15.000 habitantes- El ejecutivo contaría con Presidencia -León-, Vicepresidencia -Ponferrada- y nueve consejerías -seis en León y tres en Ponferrada-. Y el actual presidente de la Diputación pasaría a ser el delegado del Gobierno en León.
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León ya contaría a día de hoy con el personal funcionario necesario para desarrollar su propia autonomía. Con los trabajadores públicos de la delegación de la Junta, la Diputación de León y el traslado de alto funcionariado de las consejerías en Valladolid se alcanzarían los 30.500 puestos que requiere la comunidad leonesa. Sería un proceso pactado, explica Javier Callado, que no tendría que pasar al régimen común y redistribuirse. Todo pasaría por un concurso con participación de los empleados públicos en el cual se inscribieran a la autonomía castellana o a la leonesa.
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Esta es una de las grandes disyuntivas que presenta el movimiento en favor de la autonomía leonesa. Movimientos como Iniciativa Autonómica Leonesa o el propio alcalde de León se han inclinado por iniciar la comunidad uniprovincial y que, posteriormente, sean las provincias de Zamora y Salamanca las que decidan si se mantienen con Castilla o se unen a León. Sin embargo, la moción que ha presentado Unión del Pueblo Leonés para su debate incluye una comunidad de la región leonesa que incluya a las tres provincias.
Las última encuesta disponible -40db, año 2023- sitúa por encima del 60% a los partidarios de que León se constituya como comunidad autónoma. Así lo recogió León Primero en el que el 56% de los encuestados apostaban por la unión de León, Zamora y Salamanca; mientras que el 26% se inclinaba por el León solo y el 30,9% abrazaban la posible autonomía con Asturias.
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Los promotores de la encuesta anteriormente citada se vieron «sorprendidos» con el resultado obtenido en Ponferrada. La vinculación afectiva con León se situaba en el 55,7% y los partidarios de la autonomía era un 52,9% entre los hombres y un 44,4% entre las mujeres.
El debate sobre el encaje de El Bierzo en una autonomía leonesa cuenta con varias aristas aún sin resolver. Unos abogan por permanecer en la provincia de León, otros por convertirse en una provincia más de la región leonesa -ya sea uniprovincial o tri provincial- e incluso se baraja la posibilidad de solicitar su adhesión como quinta provincia gallega. Sobre esto último, el Parlamento de Galicia rechazó en 2021 una PNL del BNG que pedía incorporar al Bierzo.
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