La autonomía leonesa pasa por el 144, el interés nacional y un gran guiño al Bierzo

Existe una vía jurídica para que la provincia de León se convierta en una nueva autonomía española. Se trata de una hoja de ruta «difícil y tortuosa» y que necesitaría el refrendo de las Cortes Generales para poderse llevar a cabo, sin el requisito de que sean las Cortes de Castilla y León quienes den el paso definitivo.

El alcalde de León, ejerciendo como presidente del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento, ha presentado el informe jurídico externo, realizado desde fuera de la provincia «y sin contaminación leonesista», en el que se definen los objetivos y el camino a seguir «en el ansiado anhelo» de los leoneses por su autonomía. Dicho informe aún no se encuentra disponible, tal y como han apuntado desde la organización del evento tras requerir el documento completo Leonoticias.

José Antonio Diez ha recordado los pasos simbólicos dados hasta ahora y que comenzaban en diciembre de 2019 con la aprobación de una moción del 'Lexit' en el consistorio de la capital, refrendada en 2023, para concluir en verano de 2024 con un texto similar apoyado por la Diputación de León. En ese camino, hasta 60 municipios, representando al 55% de la población en la provincia, han dado el visto bueno a iniciar el proceso autonomista.

«Nadie rebate ya este derecho y cada vez son más los que lo piden», señalaba el líder socialista que se mostraba, una vez más, contrario a formar parte «de una comunidad fallida que a cada hora los leoneses sufrimos más».

El contexto en el que ha sido presentado dicho informe, a puertas de una manifestación que pretende emular las de los 80 y la de 2020, promovida por sindicatos y con un fuerte peso de reivindicación para que León sea la 18 autonomía del Estado español, se entiende como «adecuado».

Diez lanzaba además un guante al otro lado del Manzanal. Recordando que esta cuestión «aborda a todos» ha tendido la mano al Bierzo y su «identidad propia» para que se sumen a esta reclamación, empezando por los partidos nacionales y acabando por Coalición por el Bierzo, a quien invitaba a iniciar un diálogo «en beneficio de todos los leoneses».

Gil Manuel Perea y Alberto Palomar, de Loseta Abogados, han aportado la perspectiva jurídica de las vías que la Constitución Española abrió al proceso autonomista iniciado hace medio siglo.

Estas iniciativas partieron de las diputaciones de provincias limítrofes con características sociales comunes y que quisieran participar de un autogobierno. Para ello se establecieron los artículos 143, 144 -al que se acogió la Comunidad de Madrid- y 151 -vía andaluza-.

Tras el análisis de todos ellos, los abogados obtuvieron como resultado que el articulado que más encaja en la solicitud leonesa sería el 144 que dice que las Cortes Generales pueden autorizar la creación de una autonomía cuando no superen la dimensión de la provincia y haya un interés general. Al respecto, el Tribunal Constitucional aclara que el interés nacional es el que supera a una comunidad y ofrece una relación que puede mejorar. «En este caso hay interés común, hay un sentimiento común para vehiculizar el sistema de autogobierno, hay una historia reconocida y tradición democrática -Cortes de 1188- y existen manifestaciones públicas y acuerdos políticos -mociones-», exponía Palomar. Además, el nuevo marco no haría un daño irreparable al resto de provincias de la actual Castilla y León.

Para acceder a esta vía constitucional, con la cuestión jurídica anteriormente explicada, todo debe partir por la iniciativa política. Un grupo parlamentario debe dar traslado a las Cortes Generales de una ley orgánica, en base al interés nacional, que fuera aprobada a través de una proposición de ley. La medida debe recibir el respaldo de la mayoría absoluta de la cámara y, posteriormente, se activaría el artículo 144, en base a dicha ley orgánica, que arrastraría a la reorganización del Estatuto de Autonomía de los restos de la actual comunidad de Castilla y León.

El criterio de modificación del Estatuto de Autonomía, en base al artículo que permite el camino de segregación de un enclave, dejaría en «tierra de nadie» a León en materia administrativa, lo que complicaría su acceso a recibir ayudas europeas o del propio estado.

El estudio no ha entrado a valorar una posible autonomía de la Región Leonesa, que implicaría a las provincias de Zamora y Salamanca, y por ello esta vía del artículo 144 emularía a la que siguió la Comunidad de Madrid para su situación actual.

El primer paso para avanzar es convencer a un partido político que lleve esta iniciativa al parlamento. José Antonio Diez, ejerciendo de presidente del Grupo Municipal Socialista, ha recordado los pasos dados por el PSOE en los últimos años. «Antes coaccionaban a los concejales para que no aprobaran las mociones y ahora la apoyan en la Diputación de León», por lo que seguirá insistiendo en el autonomismo como solución a los problemas de la provincia. De ello se encargará en la ponencia marco del Congreso Autonómico del Partido Socialista, el próximo 22 de febrero, en la que él mismo defenderá las enmiendas vinculadas a crear una nueva comunidad leonesa.

Sin embargo, Diez no tiene previsto dar un paso más en el ámbito provincial y posicionarse como alternativa a Javier Alfonso Cendón en el Congreso Provincial de primavera. El actual alcalde de la capital está «muy centrado» en la ciudad de León y ese salto le llevaría a «dejar parte de mis ocupaciones» vinculadas a su puesto. «Me debo a mis ciudadanos y me gusta mi trabajo».

El informe ha sido financiado por el Grupo Municipal Socialista, con un coste de 7.800 euros, y a su presentación han acudido diferentes concejales de este grupo, así como otras personas de colectivos leonesistas y la concejal de UPL Maite Fernández.

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