Abogados y procuradores salen a la calle: «Respetamos el derecho a la huelga, pero llevamos seis meses sin trabajar»

Ambos representantes han puesto de manifiesto que, como garantes del derecho que son, defienden y respetan el derecho a la huelga tanto de los funcionarios como de los trabajadores del país, «somos los primeros garantes de los derechos fundamentales de los ciudadanos», pero aseguran que se debe visibilizar ante la sociedad las consecuencias de esta paralización para los profesionales «un problema total y absolutamente ajeno a nosotros».

Por esa razón, instan a quien corresponda a dar una solución definitiva a esta situación y recuperar la normalidad en el servicio público de justicia. «Los ciudadanos, que son los principales destinatarios del servicio público de Justicia, tienen que ver sus pretensiones resueltas de una manera ágil y eficaz y no posponiendo la celebración de juicios hasta el año 2025 en la provincia de León lo cual nos parece gravísimo», aseveró Santocildes.

Por su parte, Martínez pidió que se traten de minimizar los daños que están sufriendo los profesionales de ambos colegios así como la ciudadanía, «intentando evitar que vengan los ciudadanos a las sedes judiciales para la celebración de juicio y que se suspenda», puntualizó.

Tanto Santocildes como Martínez afirmaron que la situación de algunos profesionales es «francamente crítica» por lo que en algunos casos se plantean buscar una alternativa al ejercicio profesional.