Juicios suspendidos hasta 2025, consecuencias de la huelga de justicia

«El primer semestre del año, prácticamente, la Administración de Justicia ha estado paralizada». Así se pronuncia Fernando Rodríguez Santocildes, decano del Ilustrísimo Colegio de Abogados de León sobre las huelgas que está afrontando este poder y que han llevado a interrumpir miles de juicios en la provincia de León, al igual que ocurre en el resto de España.

En primer lugar fueron los letrados judiciales quienes suspendieron la administración durante dos meses para después seguirles los funcionarios de los Cuerpos Generales y Especiales, los llamados secretarios judiciales. Ahora, y tras una amenaza de paralización de jueces y fiscales, son los funcionarios de Justicia los que mantienen este parón que en todos los cuerpos es motivada por la exigencia de una subida de sueldos.

Una situación que tiene sus primeras consecuencias en la suspensión de juicios, actuaciones judiciales, vistas y tramitación de procedimientos lo que supone un duro perjuicio para los despachos de abogados y procuradores que ven canceladas sine die vistas y juicios, en muchos casos además, sin comunicación previa. «Una situación de parón crítica que arrastramos desde la crisis sanitaria del Covid-19 (…) lo que supone un perjuicio gravísimo para el sistema democrático y la ciudadanía», asevera Santocildes quien advierte de los efectos directos que sufren tantos los ciudadanos como los despachos de abogados y procuradores, quienes han visto su actividad reducida al mínimo, llegándose a plantear nuevas salidas profesionales ante el derrumbe del sector.

Destaca el profesional de la abogacía cómo los ciudadanos se ven afectados por la situación. «En una situación en la que se requieren los servicios y el pronunciamiento de los Juzgados y Tribunales para plantear cuestiones que afectan a su vida diaria, ven cómo estos procedimientos se demoran meses», advierte señalando que en los juzgados y tribunales de León ya se están señalando juicios para 2025, «lo que atenta contra un principio básico como es la tutela judicial efectiva».

Respecto a las consecuencias para el sector de la abogacía detalla que supone una pérdida importante de ingresos, «con perjuicios irreparables». Aunque Santocildes se abstiene de dar datos concretos de las pérdidas que conlleva para los bufetes leoneses «porque es diferente en función de los procedimientos que tramiten y de la especialización, por lo que no se puede dar una cifra», sí advierte que el daño «es muy grande».

La incertidumbre es otro de los sentimientos que tienen tanto los abogados como los ciudadanos ante esta huelga, «pero también los peritos o testigos» ya que acuden a los juicios sin saber si se va a celebrar o no, «hasta el mismo día no se comunica la suspensión. Hay profesionales que se desplazan desde otros puntos de España, de la misma manera que ciudadanos que se trasladan desde otros lugares para acudir como testigos para ver cómo se suspende el juicio sin previo aviso», explica.

Reitera y subraya el decano de los abogados que respetan y entienden el parón pero llaman a la responsabilidad «y a intentar causar el menor perjuicio posible» sobre todo a los ciudadanos y a los profesionales que no tienen en su mano la solución al conflicto, «pero sufrimos los daños».

En esta línea, Rodríguez Santocildes también se ha dirigido a los políticos de todo signo reclamando «un Pacto de Estado por la Justicia para diseñar un modelo que vaya más allá de lo que es la alternancia política y que nos permita dar una continuidad a largo plazo al modelo de esta administración». Como ejemplo de las consecuencias de la falta de este acuerdo entre fuerzas políticas, el abogado destaca que se han paralizado las leyes de eficiencia organizativa, procesal y digital, entre otras.

Todas estas razones son la que han provocado que el Colegio haya hecho un llamamiento a los 1.800 profesionales de la entidad, de los que 1.100 son ejercientes en toda la provincia, para manifestarse en la mañana de este martes frente a los juzgados de León con el objeto de exigir una solución a la situación de inmovilización que tiene un impacto directo en sus ingresos y en los derechos de los justiciables.

• Temas
• León (Provincia)
• Audiencia Provincial de León
• Huelgas