Los jueces vieron ilegal el cierre del Parlamento porque Johnson mintió

Johnson se adelantó a la publicación de la sentencia negando en una entrevista con la BBC que hubiese mentido a la reina, pero el Tribunal Supremo, que verá en última instancia de apelación el caso, a partir del martes, tendrá que decidir si la autonomía de decisiones políticas de este tipo con respecto a la Justicia incluye la mentira para justificar una suspensión que beneficia al Gobierno.

El Gobierno argumentó ante la reina y ante el público que la suspensión del Parlamento es necesaria porque quiere presentar un nuevo programa legislativo el 14 de octubre, cuando las cámaras reanuden su actividad. Pero, aunque el Gobierno rehusó la presentación ante el tribunal de una declaración jurada de Johnson u otro alto cargo, los documentos enviados llevan a los jueces a una conclusión contraria.

«Las circunstancias demuestran que la verdadera razón para la suspensión es reducir el tiempo disponible para el escrutinio del 'brexit' por el Parlamento en un momento en el que tal escrutinio parece un asunto de importancia considerable, por las cuestiones que se tratan», escribe lord Carloway, el más alto juez de Escocia. A la misma conclusión llegan los otros dos magistrados.

Esencial para esa deducción es una minuta de la reunión del Gabinete, en la que Johnson explica a sus ministros cuál ha de ser «el mensaje». Debe «enfatizar que el plan no es reducir el escrutinio del Parlamento». «Es importante subrayar que esta decisión no está guiada por consideraciones sobre el 'brexit'», dice el primer ministro en otro pasaje de las notas. No es, se dice en el resumen de la discusión de los ministros, «una táctica para frustrar al Parlamento».

Otros documentos muestran que la idea de una suspensión del Parlamento ya circulaba entre miembros del Partido Conservador desde hacia semanas y que el Gobierno estaba planeando la suspensión a mitad de agosto pero negó públicamente y en términos categóricos- el propio primer ministro, sus portavoces y ministros- que fuera a ocurrir.

Lord Brodie recoge de la minuta el concepto de «táctica para frustrar al Parlamento» y argumenta que «una maniobra de procedimiento por el Gobierno para conseguir sus objetivos» no es materia para los jueces. Pero, «cuando la maniobra está diseñada con tal descaro 'para frustrar al Parlamento' en una coyuntura tan crítica en la historia de Reino Unido, considero que el tribunal puede legítimamente declararla ilegal».

El tercer juez, lord Drummond, señala que las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo están basadas en convenciones y en las reglas del Parlamento. «Los tribunales no puede someter las acciones del Ejecutivo a escrutinio político, pero pueden y deben asegurar que la institución encargada de cumplir con esa tarea tiene el poder para hacerlo», escribe en sus conclusiones.

Estos tres jueces del máximo tribunal de apelación de Escocia no ven diferencias materiales entre las leyes escocesas y las que se aplican en Inglaterra y Gales para regular el ejercicio de los poderes del Gobierno, pero quizás desplazan a otro terreno el argumento jurídico de los demás magistrados, que han rechazado su intervención por considerar que se les pedía juzgar una decisión que pertenece a la política.