Boris Johnson niega al Parlamento sus mensajes sobre la suspensión

El diputado conservador, Dominic Grieve, que fue purgado la pasada semana por apoyar la tramitación de la ley que impediría al Gobierno proceder con un 'brexit' abrupto sin permiso del Parlamento, demandó la publicación de los mensajes intercambiados por nueve colaboradores del primer ministro, Boris Johnson, relacionados con la suspensión.

El Ejecutivo ya se vio forzado a enviar documentos internos a los tribunales que han analizado peticiones de anulación de la suspensión del Parlamento. Tres jueces del máximo tribunal de apelación de Escocia se basaron en el contenido de estos textos para argumentar, en el resumen de su sentencia publicado el miércoles, que la decisión del Gobierno es ilegal.

El Tribunal Supremo tendrá que casar la próxima semana la doctrina de la corte escocesa y la del Superior de Inglaterra y Gales, que, en una sentencia publicada también hace dos días, considera que los magistrados no puede juzgar un acto que los tres jueces de Londres consideran político, incluso si los documentos internos mostrasen que el Gobierno persigue la obtención de una ventaja política con la suspensión.

El tribunal de Apelación de Irlanda del Norte ha rechazado también otro caso centrado en el argumento de que un 'brexit' abrupto sería contrario al Acuerdo de Belfast de 1998, que facilitó el fin de la violencia por los principales grupos terroristas. El juez Bernard McCloskey afirma en su sentencia que «el asunto material de este proceso es, sin ninguna duda, esencialmente político».

El Gobierno sí ha publicado el documento confidencial que, con fecha 2 de agosto, evaluaba las consecuencias inmediatas de una marcha abrupta de la UE el 31 de octubre. Las cinco páginas del dosier, elaborado en el marco de la 'Operación Yellowhammer', el nombre del pájaro carpintero dorado en inglés, que prepara a Reino Unido para esa eventualidad, ya habían sido filtradas en agosto a 'The Sunday Times'.

Los autores creen que el nivel de preparación de empresas y particulares será «muy bajo» por la ausencia de certezas y la fatiga sobre el 'brexit', y temen la coincidencia de incidentes entre barcos pesqueros con protestas contra atascos en el transporte y el posible aumento de la inmigración ilegal o la delincuencia. Señala también la posibilidad de disturbios y tensiones sociales.

Cuando el documento fue publicado por la prensa, el Gobierno lo desacreditó afirmando que se había elaborado meses antes y no correspondía con la situación actual. En realidad, le fue entregado al primer ministro, Boris Johnson, diez días después de hacerse cargo de la dirección del país y es presentado ahora como una estimación razonable de lo que sería el peor escenario.

El flujo de transporte en los puertos que comunican Reino Unido con la Unión Europea podría reducirse entre el 50% y el 85% la primera jornada y durar tres meses, con atascos de entre un día y medio y dos días y medio. Habría más controles y más esperas en puertos y aeropuertos de llegada y de salida en la UE con destino a territorio británico.

Decrecerá el abastecimiento de algunos alimentos y puede fallar el suministro de medicinas de corta caducidad. El final de octubre es un tiempo de acopio para la campaña de Navidad, lo que agudizaría los problemas. El 'brexit' coincidiría además con el fin de las vacaciones escolares de la mitad del trimestre, cuando numerosas familias suelen de sus viajes a países de la UE.

Londres teme que barcos pesqueros con cuotas en aguas británicas intenten seguir con sus faenas y que haya enfrentamientos con embarcaciones locales. Apunta que Gibraltar tendría problemas de suministros y sería afectada por más lentitud en el cruce de la frontera. En tres líneas se describe el problema que un 'brexit' abrupto plantearía, quizás durante años, a la transferencia de datos, en la que se basa buena parte de la economía de servicios. En una línea, que podría ser 'perturbado' el acceso de las fuerzas de seguridad británicas a las bases de datos comunitarias.