Del «Plan 20.000» de Fomento al 'decretazo' de la Generalitat

Sí hay coincidencia casi general en la necesidad de un pacto de Estado en esa materia, además de una mayor dedicación presupuestaria para construir viviendas destinadas a alquileres asequibles –las diferencias vienen al evaluar si el sector público debe ser el principal promotor, o ha de colaborar más con el privado– que es algo que, números en mano, no se venía haciendo apenas en los últimos años pese a las promesas políticas. Ni a nivel regional ni tampoco desde el Estado.

En julio de 2018, al poco de formarse el Gobierno de Pedro Sánchez, su ministro de Fomento afirmaba que promoverían 20.000 viviendas públicas entre los cuatro y seis próximos años, «un umbral que a día de hoy se antoja un tanto utópico», estima Jaime Cabrero, uno de los responsables del Consejo General de Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria. De ellas 1,540 ya estaban en los planes del Ejecutivo anterior y otras 5.000 se harían a través de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) –esta semana presentó sus primeros proyectos– a cargo de las cuentas de 2018.

Para cumplir ese objetivo, a más de una legislatura vista, se contaba con una partida de 350 millones de euros en el proyecto de Presupuestos del Estado para 2019 de la que saldrían los fondos para viviendas de protección oficial (VPO), pero el rechazo parlamentario a esas cuentas frustró los planes iniciales del ministro José Luis Ábalos. Incluso tuvo que llevar dos veces al Congreso el decreto que ampliaba los plazos de los contratos de alquiler y limitaba sus subidas anuales al IPC.

Pero no llegó a poner topes a los precios, como pretendía Unidos Podemos, ni tampoco a elevar los incentivos fiscales. Sí abrió la puerta a que los ayuntamientos impusieran un recargo de hasta el 50% en el impuesto de bienes inmuebles (IBI) a las viviendas «desocupadas con carácter permanente», aunque antes habría que concretar una definición legal que lleva pendiente hace años.

Eso fue a principios de marzo. La semana pasada la Generalitat de Cataluña aprobó un polémico decreto que vincula los precios de los nuevos contratos de alquiler a un índice de referencia que elabora esta administración autonómica, la primera que va más allá del Estado en esta materia. No obstante, se podrían superar en un 20% bajo algunas condiciones. Pero «lo que provocará –advierte Cabrero– es incertidumbre en el mercado y el freno de las inversiones».