El gasto territorial en vivienda reduce a la mitad su peso en el PIB desde la crisis

Al depender éstas de las administraciones públicas –bien directamente como promotores, bien en concierto con constructoras privadas–, pueden poner precios más bajos, sobre todo para los hogares con rentas bajas. De esa forma se reduce la demanda global y, con ello, se alivia parte de la presión sobre el mercado. Hasta aquí la ecuación tiene su lógica, pero no hay que olvidar los plazos de ejecución –alrededor de dos de media para terminar una casa– y es aquí donde el puzle de la estrategia de vivienda anunciada por los políticos empieza a no encajar.

«Es más fácil hablar que gastar», critica el profesor de Esade Juan Carlos Amaro, consultor de Finanzas y 'Real Estate'. «Puede que las previsiones sobre las necesidades de vivienda se hagan bien, pero falta acompañarlo con un presupuesto realista..., bajar al terreno de lo concreto». En una línea similar, Carles Vergara, profesor de Dirección Financiera en el IESE, considera que «los políticos van en esto a remolque».

Con el 'boom' de construcción de casas que hubo antes de la crisis se generó un 'stock' de vivienda excesivo y las administraciones –lamenta– «se durmieron» viendo, además, que los precios del mercado no dejaban de bajar –en algunos casos, recuerda Vergara, «se llegó a la paradoja» de que el coste de algunas viviendas de promoción oficial (VPO) era más alto que otros precios de mercado–. «Ahora nos encontramos con el problema contrario y se tardará años en solucionarlo», advierte.

La evolución histórica de la inversión pública en vivienda parece darles a ambos la razón. Según un reciente estudio detallado del Observatorio Vasco de Vivienda, basado a su vez en datos del Ministerio de Hacienda, su peso en la riqueza nacional se ha reducido prácticamente a la mitad en ocho años. En concreto, desde 2010 ya en plena crisis hasta 2017 cuando la recuperación económica empezaba a ser una realidad, el gasto agregado de las entidades locales y los gobiernos autonómicos en relación al Producto Interior Bruto (PIB)ha pasado, en promedio nacional, de suponer el 0,29% a solo el 0,18%. Y por territorios, la mayor caída se ha registrado en Navarra, donde el peso de dicha dotación ha descendido 4,75 veces sobre el volumen de su PIB regionalizado.

Aún así, esta comunidad foral seguía siendo al cierre de 2017 la que, en comparación con el resto, dedicaba mayores recursos a las políticas de vivienda, un 0,33% del PIB. Le seguía Extremadura con el 0,25%, prácticamente tres veces menos que ocho años atrás, la misma caída que en Galicia (0,14%) y en Castilla-La Mancha (0,12%). En el extremo contrario, en Madrid casi se mantuvo el mismo nivel de inversión (0,23%), e incluso en Murcia se incrementó un 50% (0,21% respecto a la riqueza económica), siendo la única región donde subieron los fondos.

Sin embargo, mientras las autonomías suspenden en general en esa materia la última década –solo en Murcia (42% más) y Madrid (21,9%) aumentó la dotación presupuestaria desde 2008, en contraste con las fuertes caídas en Navarra (-77,6%), Castilla y León (-62,8%), Castilla-La Mancha (-59,5%) y Extremadura (-53,4%), entre otras–, los ayuntamientos han tenido una evolución dispar. Eso, amén de que su gasto representa poco más de una cuarta parte (el 27%) que el realizado por las comunidades: 439 millones de euros aquellos en 2017 (un 4,8% más que en 2010) frente a 1.632 millones ellas (un 36% menos).

Las que mejor se comportaron en términos relativos fueron las entidades locales extremeñas, que multiplicaron su inversión en vivienda 2,4 veces –aunque apenas superaron los tres millones de euros–, y las canarias donde se elevó 1,7 veces, la misma proporción al alza que en Cataluña. Los municipios de esta comunidad fueron claramente los que mayores recursos dedicaron en términos absolutos con 125 millones, seguidos de los madrileños con 98 millones (1,4 veces más).

La distribución de gasto en política de vivienda por habitante no deja en mejor lugar a las administraciones territoriales. El promedio nacional se situaba en 2017 en 44,5 euros, un 33,4% menos que ocho años atrás, y aunque en Navarra la media era más del doble (101,3 euros, la mayor), son 4,5 veces menos que la cifra de 2010. Madrid, con 78,3 euros, es de las pocas que la ha mantenido.

A menos dinero público, menor construcción de vivienda social, hasta el punto de caer a niveles de 1950 con apenas 5.000 de éstas casas terminadas al año, muy lejos de las casi 68.600 de 2008, antes de pincharse la 'burbuja'. Para Fernando Encinar, cofundador del portal inmobiliario Idealista, el «problema añadido» es que el parque de VPO para alquiler «está en pañales» pese a que los expertos llevan años aconsejando que suba, al pasar de las 19.400 unidades iniciadas en 2008 a menos de un millar anuales desde 2013. La alternativa sería la promoción privada pero harán falta incentivos, esto es, mayor gasto de las administraciones.