El Gobierno cederá suelo público durante 75 años a promotoras para construir vivienda social

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, explicó que el Gobierno aportará suelo público en una fórmula de colaboración con la empresa privada a través de concesiones que pueden durar «hasta 75 años» en función de la necesidad y la ubicación. El pago del canon tendrá que ver con el tipo de alquiler, pero «podrá llegar a ser cero» dependiendo de los precios del alquiler, la ubicación y el tipo de vivienda.

Se trata de una medida «importante» porque elimina un «obstáculo de carácter legal» que impedía que el canon pudiera ser cero en determinadas circunstancias, dentro del programa de colaboración público-privada para alquiler social, señaló el ministro.

«No solo construirán las viviendas, sino que tienen que tramitar los alquileres. Esto permitirá reactivar la economía», señaló Ábalos, que destacó que esta medida permitirá ir generando un parque de vivienda pública en España que solo es del 2,5% del total (la media europea es del 5%) y que ha ido yendo a menos los últimos años. Con este paso el Ejecutivo trata de alcanzar su objetivo de poner en el mercado al menos 20.000 viviendas con un alquiler social asequible en 2030.

El plan, que ya fue anunciado por el ministro Ábalos el pasado mes de octubre pero que ahora se intensifica al aumentar de 50 a 75 años la duración máxima de la cesión, afecta tanto al suelo propiedad de la Administración central como el que es de las comunidades autónomas o ayuntamientos. Por tanto, las comunidades podrán fijar los precios y las condiciones con las que se podrán cerrar los acuerdos con los promotores privados.

Asimismo, el real decreto aprobado permite a las comunidades autónomas que usen el remanente de proyectos que no han llevado a cabo dentro del Plan Estatal de Vivienda para nuevos proyectos también en materia de acceso a la vivienda, de manera que no tengan que reintegrar el dinero no ejecutado al Estado.

Más allá de la vivienda, el ministro Ábalos destacó la aprobación por parte del Gobierno de un paquete de medidas destinadas al sector del transporte -«sin duda, uno de los más castigados por la crisis»- por un importe que supera los 1.770 millones de euros. De este total, unos 1.000 millones se destinarán a aumentar la capacidad de endeudamiento de Renfe para compensar la caída de la demanda por el estado de alarma.

Otros 663 millones de euros, incluyendo la reducción de tasas portuarias, irán destinados a ayudar a empresas privadas de este sector y Seittsa (Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre) recibirá 110 millones para continuar con sus obras públicas comprometidas. Ábalos recordó que estos fondos se suman a los 800 millones ya comprometidos y destinados al transporte público en las comunidades autónomas.

Por el lado del transporte aéreo, se han fijado como obligatorias las recomendaciones en materia de seguridad de los organismos europeos, lo que supone que España «va un paso más allá que sus socios» de la UE, explicó el ministro. Entre estas pautas que ahora serán obligatorias está el uso de la mascarilla en viajeros y tripulación, así como la prohibición de que los acompañantes entren a las terminales con los pasajeros, salvo casos excepcionales.

En el transporte por carretera, el real decreto regula el aplazamiento de los pagos del principal de las cuotas de préstamos en 'leasing' y 'renting', alargándolo a todos los préstamos destinados a la adquisición de autobuses y camiones por autónomos o empresas del transporte discrecional de viajeros. También podrán acogerse a esta vía las empresas de transporte de mercancías cuando hayan experimentado una reducción de ingresos del 40%.

Por otro lado, el ministerio también prorrogará los visados caducados del transporte por carretera durante un año más y se establece una prórroga de tres meses de las ITV cuyo vencimiento se haya dado entre el 21 de junio y el 31 de agosto.