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La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, recibe a este periódico en su despacho el viernes por la tarde tras una intensa semana en la que el Gobierno ha aprobado la senda de estabilidad presupuestaria para la legislatura. Ser ... vicepresidenta no ha supuesto un gran cambio respecto a lo que hacía antes, señala, porque ya como ministra coordinaba toda la política económica del Gobierno.
–En el cuadro macroeconómico presentado esta semana por el Gobierno se revisa a la baja la previsión de crecimiento y el ritmo de creación de empleo. ¿Nos enfrentamos a una desaceleración peor de lo que se esperaba hace unos meses?
–También la Comisión Europea presentó sus previsiones sobre España, donde revisó al alza hasta el 1,6% en 2020 y el 1,5% en 2021, que son idénticas a las del Gobierno. Todos los organismos nacionales e internacionales prevén que España seguirá creciendo en los próximos años, por encima de la media europea, con un ritmo que naturalmente se va moderando a medida que va madurando el ciclo. Las tasas de crecimiento de nuestra economía se han ido moderando desde 2015, pero siguen siendo elevadas para los estándares europeos.
–Pero España sigue teniendo el gran problema del paro, su tasa de paro es la segunda más alta de la Unión Europea y tiene la tasa de paro juvenil más alta. ¿Qué se va a hacer?
–Las tasas de ocupación son comparables con las que había antes de la crisis, pero hay 1,4 millones de personas menos ocupadas en el sector de la construcción, lo que supone un cambio estructural que da mayor estabilidad. En este último año ha aumentado la población activa, lo que es una buena noticia porque supone que tenemos más capacidad de crecimiento futuro pero hará que la reducción de las tasas de paro sea más lenta. Lo más importante es mantener la tasa de creación de empleo, y aunque las cifras de enero no han sido muy positivas se siguen manteniendo similares a las del PIB. En general, el mercado laboral ha seguido creando empleo a buen ritmo, como revela la EPA del cuarto trimestre de 2019. Hay que aprovechar esta fase de crecimiento para abordar reformas estructurales que nos permitan crecer de forma más sostenible, reducir el desempleo estructural y aumentar la productividad.
–Usted prevé 1,2 millones de empleos nuevos en esta legislatura. Eso supone una media de 300.000 anuales, lo que es al menos un 25% inferior a lo que se ha venido registrando.
–El ritmo de creación de empleo está alineado con el crecimiento económico y es normal que se ralentice. Es notable que con tasas de crecimiento en el entorno del 2%, la economía española mantenga el dinamismo en la creación de empleo.
–¿Hasta qué punto ha colaborado la reforma laboral en que se cree ese empleo? El FMI dice que sí lo ha hecho.
–La evolución del empleo en nuestro país es tremendamente procíclica y con una alta volatilidad: en el ciclo pasado se ha creado mucho empleo en las fases de expansión y destruido también mucho en las fases de recesión. Lo que es importante es reducir esa volatilidad y la dualidad del mercado laboral para que no haya una tasa de temporalidad tan alta, y sobre todo abordar las reformas estructurales que nos permitan mejorar la calidad del empleo y su estabilidad a medio plazo. Esto supone invertir en educación y formación profesional, reforzar el capital tecnológico, abordar la capacitación digital de los trabajadores y las oportunidades de empleo de calidad relacionado con la transición ecológica.
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–El vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, ha anunciado una renta mínima universal. ¿Cuánto va a costar? ¿Hay dinero para ello?
–Hemos abordado una política económica centrada en tres ejes. Uno, responsabilidad fiscal, tenemos que seguir reduciendo el déficit y la deuda sin poner en riesgo el crecimiento y la creación de empleo. Dos, la sensibilidad social para reducir esas desigualdades que arrastramos y mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Tres, reformas estructurales. En los últimos veinte meses ya hemos empezado a sentar las bases de una red de seguridad para los más vulnerables. Por ejemplo, mejorando la asistencia para las familias con hijos a cargo. Tenemos que ir paso a paso, atendiendo los aspectos más acuciantes, entre ellos la pobreza infantil, un fenómeno que no nos podemos permitir en un país rico como el nuestro. Tendremos que trabajar para garantizar que este avance en las políticas sociales, que es un compromiso del Gobierno, es compatible con la reducción del déficit y la deuda pública, que también es otro compromiso.
–Durante la campaña electoral Podemos la consideraba la 'bestia negra' del Ejecutivo. Ahora están en un Gobierno de coalición, ¿se considera un contrapeso a Podemos en el Gobierno?
–Somos un equipo complementario, con perfiles diferentes pero con un compromiso compartido de mejorar la vida de los españoles y construir un país mejor. Tenemos un proyecto común y me siento muy acompañada en el Gobierno para desarrollarlo.
–¿Ha tenido o cree que tendrá que frenar alguno de los planteamientos de Podemos?
–Dentro de cualquier Gobierno el proceso de toma de decisiones incorpora el punto de vista de los distintos ministros, que pueden tener aproximaciones distintas. Por eso necesitamos instrumentos de coordinación como la Comisión Delegada de Asuntos Económicos para integrar todos los puntos de vista y que se acuerde la posición del Gobierno.
–La ministra Montero anunció que no llevarán el proyecto de Presupuestos al Congreso hasta que no tengan el respaldo suficiente. ¿Estamos ante un Gobierno débil porque depende del apoyo de ERC?
–Estamos trabajando a todo ritmo para tener preparado lo antes posible el proyecto de ley de Presupuestos. España necesita un presupuesto que nos permita reducir el déficit público y continuar en la senda de reducción de la deuda pública. Tenemos que acostumbrarnos a necesitar el apoyo de distintos grupos para sacar adelante los proyectos legislativos. Es algo normal en los países de nuestro entorno, así hemos estado trabajando estos veinte meses y si todos actúan con responsabilidad llevaremos adelante nuestro programa.
–Pero en estos veinte meses no pudieron sacar adelante unos Presupuestos. Tampoco está ahora asegurado.
–Nuestra propuesta va a ser buena para todos los ciudadanos españoles, incluyendo los catalanes. No veo por qué no vamos a tener ese apoyo.
–El gobernador del Banco de España recomienda no tocar la reforma laboral y Moody's advierte que puede rebajar la calificación de España si se revierte. ¿Hasta dónde cree que se puede llegar en el 'desmontaje' de la reforma laboral del PP?
–Me gustaría que en algún momento dejásemos de hablar de reformas y contrarreformas y empezásemos a mirar al futuro y a pensar cuál es la normativa laboral que queremos. Hay algunos aspectos sobre los que hay amplio acuerdo y requieren abordarse de manera urgente como eliminar la posibilidad de despido procedente por bajas médicas. Hay otras cuestiones que deben ser abordadas a través del diálogo social, para garantizar que se tienen en cuenta tanto los puntos de vista de los representantes de los trabajadores como de las empresas, incluyendo las pymes. Y luego hay otras cuestiones que requieren un trabajo más sosegado, con expertos, como la robotización. Desde el primer día hemos apostado por el diálogo.
–Al hablar de diálogo social ¿quiere decir que si no hay consenso no se sacarán esas normas o que se hablará y luego si no hay consenso el Gobierno actuará?
–Acabamos de poner en marcha las mesas de negociación, que ya han rendido sus frutos con el incremento del salario mínimo interprofesional. Soy optimista con que este marco va a permitir que se aborden las cuestiones logrando el equilibrio entre los distintos puntos de vista de empresarios y sindicatos, en algunas cosas a lo mejor está más de un lado y en otras de otro, y dará lugar a un marco normativo que perdure en el tiempo.
–Acaba de levantarse el sumario del caso Villarejo-BBVA. ¿Le preocupa la reputación de la banca española?
–Creo que es muy importante proteger la reputación de las empresas en general y, evidentemente, de los bancos. Esta reputación ha sufrido mucho en los últimos diez años a raíz de la crisis y es importante hacer todos los esfuerzos posibles por recuperar la confianza. En esa línea, hemos impulsado proyectos de ley que refuercen la protección de los ciudadanos; en breve vamos a adoptar una norma para impedir las deudas perpetuas y mejorar la información de los ciudadanos y la responsabilidad de los operadores financieros cuando comercializan las tarjetas 'revolving'. Hemos adoptado la obligación de crear cuentas de pago básicas para todos y gratis para los más vulnerables...
–¿Y le preocupa la rentabilidad de la banca?
–Los bancos españoles han venido manteniendo ratios de rentabilidad alineados con los de la banca en el extranjero. Es verdad que han sido más bajos que en épocas anteriores, lo cual no es sorprendente en un entorno de bajos tipos de interés. Espero que en los próximos años pueda aumentar esta rentabilidad. No obstante, nuestra prioridad como Gobierno no es la rentabilidad sino la estabilidad del sector financiero.
–El Estado es el primer accionista de Bankia. ¿Apoyaría una fusión de Bankia con otra entidad?
–Sobre este tema yo no especulo. La participación mayoritaria del Estado en Bankia es una de las consecuencias de la crisis que arrastramos. Nuestro objetivo es maximizar la recuperación de las ayudas.
–En esta legislatura se debe aprobar un nuevo sistema de financiación autonómica. ¿Cuáles son las líneas de reforma?
–Es indudable que determinados elementos de la estructura de financiación autonómica tienen que ser adaptados a la nueva realidad económica para garantizar una adecuada financiación de todos los servicios que se prestan tanto por la Administración central como por las comunidades autónomas que tienen un papel muy importante en la financiación de la sanidad y la educación. Se trata de un proyecto de gran envergadura que tendremos que ir desarrollando a lo largo de la legislatura.
–Sánchez prometió que el porcentaje de inversión pública en Cataluña sería similar al porcentaje que representa Cataluña en el PIB nacional.
–El Gobierno cumplirá lo que prevean los Estatutos de Autonomía.
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