La rebaja del gas avalada por la UE será viable en un mes

Ese es el plazo con el que juega el Gobierno hasta que Bruselas autorice la medida legal que el Ejecutivo presentará esta misma semana ante la Comisión Europea. Lo que este viernes autorizó el Consejo reunido en la capital comunitaria es «una orientación política». Es decir, lo que se introdujo se traduce en «una habilitación para que la Comisión conozca y autorice el mecanismo que España y Portugal deben remitir en principio esta semana».

A partir de ahí, la Comisión necesitará «unos días, unas semanas» -apuró este sábado Ribera- para comprobar que toda la normativa es correcta o aportar recomendaciones sobre posibles mejoras legales. «Calculamos que en tres o cuatro semanas podremos tener un pronunciamiento de la Comisión sobre aquello que estamos proponiendo y hacerlo inmediatamente operativo», indicó la ministra.

El Gobierno va a aplicar «un sistema del pago del gas como corresponde»: «Hay que pagar el gas en todo caso, pero queremos que ese precio no sea al que se pague el resto de la electricidad que se produce, que tiene un precio más barato. Lo que haremos es separar el gas del mecanismo de formación de precio», explicó la responsable de Transición Ecológica.

La medida impactará de forma directa en el mercado mayorista de precios. Si los ciclos combinados -representan un 18% del mix necesario para cubrir toda la demanda de luz en el último año- ofrecen su energía a precio limitado, el 'pool' también se verá reducido. En marzo acumula un coste medio de 294 euros/MWh, el más caro de la historia. Los primeros que lo notarían serían los clientes del mercado regulado (el PVPC), al estar vinculada su tarifa a ese mercado.

Pero ahora toca el momento de la letra pequeña. Más aún cuando las posiciones en el seno de la UE de los 27 han sido claramente opuestas: Alemania, Países Bajos y otros territorios del norte y el este no querían desvincular el gas del 'pool' eléctrico, como pedía el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde el verano; y también rechazaban inicialmente que España y Portugal pudieran limitar, por su cuenta, el precio de mercado del gas de forma independiente al resto del sistema de la UE. Al final, la excepcionalidad ibérica se ha impuesto.

Conseguida la autorización, quedan dos preguntas por responder. ¿A cuánto se limitará ese precio del gas mayorista? Y, sobre todo, ¿cómo se compensará la minoración de ingresos que esa medida supone para las compañías propietarias de las centrales de ciclos combinados durante el tiempo en el que esta normativa «temporal y extraordinaria» esté en vigor?

Transición Ecológica no ha dado pistas sobre ese techo nuevo de referencia. Pero fuentes del sector eléctrico calculan que una rebaja del precio del gas de 10 euros/kwh tendría un impacto de unos 25 euros en el precio de la electricidad. Esa estimación señala que en ese hipotético caso, las gasistas estarían registrando un margen alto, si se toma como referencia el precio de importación de 60 euros hasta finales del año pasado, según Competencia.

El Gobierno también tiene que aclarar cómo se pagará esta especie de desfase. Porque las propietarias de los ciclos se verán obligadas a limitar sus ingresos, independientemente de la cotización del gas en los mercados internacionales. Por una parte, se les puede hacer asumir ese recorte. Esto es, a interiorizarlo en sus cuentas. La otra posibilidad es que esta medida repercuta directamente en el sistema, a futuro. Es decir, que se incremente el déficit eléctrico (12.000 millones) para que lo paguen los consumidores.