La letra pequeña: cambios en la jubilación anticipada e impuestos

Ya lo había anticipado el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. Cambiará el sistema por el que una parte de los trabajadores acceden anticipadamente a la jubilación -aproximadamente un 15% de las nuevas altas-, así como el de aquellos -los menos- que deciden prolongar su vida laboral. El objetivo, «ajustar elementos distorsionantes» en la regulación de las jubilaciones anticipadas, explica el documento de Presidencia del Gobierno. En la práctica, que la edad real de jubilación (ahora, por encima de los 64 años) se acerque a la edad legal (65 años y 10 meses en 2020, y 66 años el próximo año). El texto no especifica cómo cambiarán los reductores, la penalización que el sistema aplica a quien se jubila de forma prematura sobre la prestación que le correspondería. Tampoco cuáles serán las medidas que se tomen con los «incentivos a la demora».

El plan también hace referencia a la «revisión del sistema de previsión social complementario», para lo que prevé «fomentarlo en el ámbito de las empresas». El Gobierno tratará de impulsar los planes de contingencia que ya existen en muchas compañías de gran tamaño, por las que las corporaciones destinan una parte del salario bruto a complementar la futura pensión de sus trabajadores. El objetivo es extender esa práctica a las pymes. El fomento de estos planes contrasta con la previsible modificación, e incluso supresión, de los planes de pensiones individuales que permiten una reducción de la base imponible del contribuyente en el IRPF.

También quiere la «convergencia» de los distintos regímenes de pensiones, en especial los de los autónomos. Por ahora, los trabajadores por cuenta propia tienen unas de las prestaciones medias por jubilación más bajas entre todos los ciudadanos debido a que cotizan, en su mayoría, por la base mínima legal posible. El Ejecutivo quiere modificar ese sistema de cotizaciones para adecuarlas a los ingresos reales de quienes tienen un negocio.

El documento también se detiene en los impuestos. Busca la «modernización del sistema fiscal». A la espera del grupo de expertos que se creará para la reforma fiscal, Hacienda se valdrá de la lucha contra el fraude y las tasas 'Google' y 'Tobin', refrendadas este miércoles en el Senado. Pero avisa: «Se pondrán en marcha distintos proyectos para la mejora de la imposición medioambiental», como el alza de los tributos del diésel para situar su precio en un rango similar al de la gasolina.

El texto, que será remitido a Bruselas, no hace una mención explícita a la derogación de la reforma laboral. Solo aboga por «tomar medidas para reducir la excesiva temporalidad y la precariedad, y se simplificarán los tipos de contratos laborales disponibles».

La medida estrella del IMV también contendrá cambios. «Se pondrán en marcha los itinerarios de inclusión adaptados a los diferentes perfiles», reza el documento. Se vinculará su cobro a determinadas medidas formativas y laborales.