Hacienda permite más gasto a los ayuntamientos para aliviar la guerra por la devolución del IVA

Para calmar los ánimos, ayer el Gobierno comunicó a los ayuntamientos la nueva senda fiscal que les propone para el periodo 2020-2023, mantiene la previsión de déficit cero sin llegar a exigir superávit ninguno de los años. Este martes, el Consejo de Ministros aprueba una senda de estabilidad presupuestaria que se prevé más suave tras la negociación con Bruselas.

Además, amplía el margen de gasto de las regiones en una décima, hasta el 2,9% y pondrá en marcha un extra del FLA (Fondo de Liquidez Autonómico) para darles una línea de financiación más flexible al 0% y cubrir así el pago a proveedores desde que se les dejó de pagar el mes de IVA de 2017 que la reforma de ese impuesto impidió liquidar en 2019.

Estas medidas están en la línea de las tomadas el pasado viernes con las comunidades y buscan el mismo fin último: rebajar una tensión que no entiende de color político, tanto presidentes autonómicos del PP como del PSOE están dispuestos a ir a los tribunales a reclamar este dinero, que no entienden cómo se ha podido perder. El argumento de Hacienda es que las comunidades gastaron los 2.500 millones del IVA el año pasado y a ello atribuye el incremento del déficit que experimentaron.

Las medidas fueron anunciadas por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al finalizar la reunión de la Comisión Nacional de la Administración Local (CNAL), que presidió junto a la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias. Montero afirmó que los ayuntamientos recibirán la liquidación del mes perdido de IVA en 2017 a través de un descuento en sus cuentas finales, una fórmula similar a la acordada con las comunidades.

Sin embargo, no quiso confirmar si la cifra sobre la liquidación del IVA de 2017 para las corporaciones locales dada por el portavoz de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) del PP, Jorge Azcón, de unos 750 millones de euros, es la definitiva, porque afirma que aún «no se han cerrado esas cuentas».

Por su parte, el presidente de la FEMP, Abel Caballero, celebró las medidas porque las cifras son «perfectamente realizables» por los ayuntamientos, que actualmente presentan un superávit de alrededor del 0,4% o 0,5% del PIB desde hace ocho ejercicios. También se mostró conforme con el aumento de la regla de gasto porque la ratio de deuda de los ayuntamientos ya es del 1,9% del PIB, mientras que el Gobierno plantea un 2% para este año y el que viene, el 1,9% en 2022, para acabar en 2023 con el 1,8%.

Por tanto, la decisión de Hacienda persigue aplacar los ánimos de los ayuntamientos del PP, que antes de la reunión con las ministras Montero y Darias habían anunciado que si el Gobierno no pagaba lo que les debía por el IVA de 2017, acudirían a los tribunales para reclamarlo. En palabras de Azcón, también alcalde de Zaragoza, los entes locales «no son una prioridad» para el Ejecutivo y no entiende cómo «siendo los ayuntamientos los más cumplidores con la estabilidad presupuestaria, son los peor tratados».