Hacienda aprueba la senda del déficit con las comunidades del PP en contra

El argumento de Hacienda es que las comunidades autónomas gastaron los 2.500 millones del IVA en disputa el año pasado y a ello atribuye el incremento del déficit que experimentaron en 2019, cuyos efectos se pretenden aliviar con las medidas que se aplicarán.

El conflicto, que se había avivado en las últimas semanas, parecía no tener color político: autonomías con Gobiernos del PP, como el madrileño o el andaluz, habían mostrado gran beligerancia por la recuperación del IVA. Pero también algunos socialistas, como el Emiliano García-Page, habían apuntando que no descartaban acudir a los tribunales para reclamarlo. Pero en la votación de la senda de déficit se terminó cumpliendo la disciplina de partido: los consejeros de las autonomías socialistas o con Gobiernos de coalición con el PSOE presente, como Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, La Rioja, Navarra o Comunidad Valenciana, votaron a favor, así como el cántabro y el Melilla. Otras seis comunidades votaron en contra, las que se encuentran en manos del PP, como Andalucía, Castilla y León, Galicia, Comunidad de Madrid, Murcia y Ceuta.

Cataluña no participó en la votación puesto que a la reunión no acudió Pere Aragonés, el consejero de Economía y Hacienda, sino la secretaria de Economía, Natàlia Mas, que no tenía derecho al voto. Y País Vasco no mandó representante.

Pero, pese a todo, persisten mayores o menores grados de descontento entre las autonomías a cuenta del IVA y la solución que le ha buscado el Gobierno. Entre los más críticos, los populares, como el consejero madrileño, el popular Javier Fernández-Lasquetty, que comentó a la salida de la reunión que «la solución no es permitir que haya más déficit». A su entrada ya había afirmado que permitir más déficit es permitir más deuda, mientras que el IVA era recaudación.

Juan Bravo, el consejero andaluz, se pronunció en los mismos términos. El consejero murciano, el también popular Javier Celdrán, manifestó que consideraba la medida un paliativo y una maniobra del Gobierno central para «contentar» a las autonomías gobernadas por el PSOE que también reclaman «su» IVA de 2017. En las palabras populares subyace que los litigios podrían seguir.

También algún consejero socialista expresó reticencias, como el valenciano, que si bien valoró la compensación del IVA, reconoció que no era la mejor vía aunque sí la más imaginativa; mientras que el castellano-manchego, Juan Alfonso Ruiz, afirmó que no le gusta vincular la senda del déficit con el dinero del IVA, y, en todo caso, como la asturiana, Ana Cárcaba, necesita estudiar la compensación con su Gobierno.