Todos los países están adoptando medidas para acotar el impacto económico (apoyando la supervivencia de empresas) y social (sosteniendo las rentas de los trabajadores) del coronavirus y el confinamiento. Y esas políticas han adoptado tres formas principales: medidas de gasto inmediato, aplazamientos de impuestos y ... apoyo a la liquidez de las empresas con garantías y avales. Pero la dimensión en que cada país ha hecho uso de esas herramientas ha sido dispar. Así, Yves Bonzon, director de inversiones de Julius Baer, divide la respuesta de los países en tres grandes grupos. En primer lugar, EE UU, la mayor parte de los países anglosajones y Alemania, que «han movilizado el volumen requerido de apoyo presupuestario».
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En el segundo pelotón entra España, junto a Francia, Italia y Holanda, «que están lejos de haber movilizado los recursos fiscales requeridos». Y, de hecho, en estos casos, Bonzon enfatiza que «los apoyos a las empresas parecen dispares e insuficientes». En el siguiente peldaño se encuentran los países emergentes, excluida China, que «apenas han empezado a movilizar recursos, pero que, por encima de todo, tienen dificultades para pedir prestado o imprimir las sumas requeridas».
El diagnóstico de Bonzon es coherente con la información recopilada por Bruegel sobre los paquetes de estímulo puestos en marcha por una importante muestra de países. El programa más relevante prácticamente en todas las rúbricas de las que hablemos es el alemán, cuyo impulso fiscal directo se cifra en 236.000 millones y se dedica a la recapitalización de empresas, al apoyo de los autónomos, a los ERTE, a diversos programas sociales y al apoyo de la Sanidad. Además, ha acordado diferimientos fiscales por valor de 500.000 millones, a los que se suma 1,3 billones en avales.
También destaca Francia, especialmente por sus moratorias tributarias de 228.000 millones de euros y sus avales por valor de 337.000 millones de euros, ya que su respuesta fiscal ha sido más discreta.
En esta última rúbrica le gana Estados Unidos, que ha puesto sobre la mesa el 5,5% de su PIB en medidas con impacto directo en su déficit, el equivalente a 1,1 billones.
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