El 'Gran Confinamiento' dispara el gasto y hunde aún más los ingresos tributarios

El Gobierno está ahora en pleno cálculo de las previsiones que ha de enviar a Bruselas antes del día 30. Desde Moncloa anticipan que las cifras no diferirán mucho de las publicadas hasta ahora y que se podrían parecer a las estimaciones de Francia, es decir, la contracción del PIB podría ser del 8%, el déficit rozaría el 10% y la deuda rondaría el 115%.

Más interesante si cabe que estos indicadores es saber cómo se van a repartir las responsabilidades de este desencaje financiero de ingresos y gastos, por un lado, y las medidas del Gobierno y el desplome del ciclo, por otro.

Por lo pronto, según los cálculos del FMI y Bruegel, el estímulo fiscal del Ejecutivo imputable a déficit se limita a 14.000 millones de euros (alrededor de un 1% del PIB). Es el coste en que se cifran las medidas aprobadas y aplicables en el último mes. La incógnita es en qué medida será replicable a meses siguientes.

Según Bruegel, de esos 14.000 millones, 3.800 son inversión sanitaria y 10.100, gasto público social ligado a los ERTE, a las prestaciones a autónomos (y que Seguridad Social precisa que cuestan, por ahora, 1.000 millones), el subsidio para los empleados del hogar o el pago del alquiler a los colectivos más vulnerables, entre otras medidas de apoyo.

A ello se suman 18.550 millones de euros en diferimientos de todo tipo, tanto impositivos como de créditos –que podrían acercarse a los 20.000 millones con las últimas medidas no contabilizadas por el 'think tank' bruselense–, pero que no contarían, de momento para el déficit, ya que, como aclara José María Mollinedo, de Gestha, la Agencia Tributaria cobrará estos diferimientos dentro de 2020. Aunque no hay que descartar impagos tributarios en esta coyuntura tan difícil.

En situación similar se encuentran los avales estatales por valor de 100.000 millones para empresas y autónomos, de los que se han movilizado ya 40.000 millones. Pero no contabilizarán como gasto público efectuado hasta que no haya créditos impagados y se ejecuten los avales. Raymond Torres, de Funcas, recuerda que en la crisis de 2009, el 40% de los préstamos garantizados con dinero público fueron fallidos.

Pero la crisis actual, la mayor desde la Segunda Guerra Mundial, desde la Guerra Civil, desde la Gran Depresión, no se va a saldar sólo con esos números. Desde el propio Gobierno, desde el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, admiten que tienen varias estimaciones del coste de sus medidas según diversos escenarios.

A falta de más información oficial, el pronóstico del impacto total le corresponde a las firmas de análisis. Y, por ejemplo, Luis del Amo, del REAF, estima que los gastos del sector público por la crisis pueden alcanzar los 120.000 millones de euros. A ello suma la posibilidad de que la recaudación tributaria baje drásticamente: debido a la disminución de las rentas de trabajadores y empresas y a la caída de la demanda de bienes de inversión y de consumo, el Estado puede perder 40.000 millones en ingresos. El desfase total, sumando el déficit del año previo, se colocaría en los 182.400 millones de euros. Ello, en un PIB en 2020 un 5% más bajo que el de 2019, llevaría a ese déficit del 15% que prevé.

Funcas estima cifras algo más discretas. Por ejemplo, que el gasto aumente en 28.800 millones este año y que los ingresos se reduzcan en 56.600 millones (un 11%), lo que resultaría en una necesidad de financiación del Estado de 118.300 millones, frente a los 32.900 de 2019. Ello implica un salto en términos de déficit desde el 2,6% –antes de la revisión de Eurostat, que lo ha situado en el 2,8%– hasta el 10,1%. SegúnTorres, de esos 7,5 puntos de ampliación de déficit, 2,5 puntos se deberían a las medidas del Gobierno, esencialmente de gasto –sin incluir el ingreso mínimo vital, pendiente de diseño y de precisarse cuánto del dinero inyectado sería nuevo, dado que ya hay prestaciones autonómicas–. Los otros cinco puntos se atribuirían a los «estabilizadores automáticos», a las medidas contracíclicas que forman parte del sistema para «dulcificar» las crisis.

Si el déficit se amplía ocho puntos, hasta el 11%, que prevé el Banco de España en su peor escenario, el reparto será casi a partes iguales entre la caída de ingresos por el hundimiento de las bases fiscales y el aumento del gasto público. Con datos de PIB de 2019, el impacto en ingresos y gastos sería de alrededor de 50.000 millones.

Estas cifras no comparan mal con la subida del gasto de la crisis previa: entre 2007 y 2008 y entre 2008 y 2009, el total (tanto cíclico como discrecional) se elevó alrededor de 35.000 millones cada año. Pero el golpe de la Covid-19 parece que será más virulento en términos de ingresos: en esos dos mismos ejercicios, la caída de los ingresos públicos se cifró también en alrededor de 35.000 millones, cifra 20.000 millones inferior a la estimada por Funcas.

De esta caída de los ingresos de 55.000 millones, sólo el IVA explicaría 10.000 millones; e idéntica cantidad el IRPF y Sociedades; mientras que la Seguridad Social podría perder 29.000 millones en recaudación, por el menor empleo y las exenciones en el pago de cotizaciones decididas por el Gobierno. Y es que, según avanza Torres, la mitad del déficit total de este año lo explicará la Seguridad Social, cuyo desequilibrio podría llegar a un 5%.